Marylène Lévesque tenía solo 22 años cuando fue encontrada muerta, apuñalada en una habitación de hotel en la ciudad de Quebec, Canadá, en 2019. Lévesque, que estaba metida en la industria del sexo, había decidido encontrarse con Eustachio Gallese, de 51 años, en el hotel en lugar de en el salón de masajes desde donde normalmente operaba.
Lévesque no sabía que Gallese estaba pasando un día de libertad condicional mientras cumplía cadena perpetua por matar a su novia, Chantale Deschesnes, en 2004.
Gallese había asesinado brutalmente a Deschesnes golpeándola con un martillo y apuñalándola repetidamente. Gallese comenzó a recibir gradualmente privilegios de la junta de libertad condicional de Canadá poco después de entrar en la cárcel debido a su “buen comportamiento”, lo que rebajó su riesgo de reincidencia de “alto a moderado” a “bajo a moderado”. Finalmente se le concedió una libertad condicional de un día, lo que condujo al asesinato de Lévesque.
El caso llegó a los titulares de la prensa internacional después de que saliera a la luz que Gallese había recibido permiso expreso de los administradores de la prisión canadiense para visitar burdeles durante su día de libertad condicional, parece que para aliviar su tensión sexual reprimida.
Desafortunadamente, este caso no es un caso aislado.
En Alemania, la situación es particularmente grave, ya que las mujeres en la industria del sexo están siendo utilizadas como sujetos de prueba para un nuevo enfoque terapéutico radical con miras a la rehabilitación de violadores convictos.
A menudo conocida como el “burdel de Europa” por su enorme mercado de prostitución legal, hay casos confirmados de hombres condenados por violencia sexual a los que se les concede permiso para visitar burdeles con la intención explícita de “acumular experiencia con mujeres”, con el resultado de incidentes registrados en dos estados alemanes.
En un programa, que el Centro Psiquiátrico Forense de Osnabrück lleva dirigiendo desde 2001, se invitó a mujeres en el comercio sexual a venir a la clínica para “ayudar” a los violadores convictos a aprender sobre el consentimiento sexual. El programa ha atraído las críticas de aquellos preocupados por la ética y los derechos de las mujeres.
Rüdiger Müller-Isberner, ex presidente y actual miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Servicios Forenses de Salud Mental, condenó la práctica y la describió como “aberrante” y “moralmente dudosa”.
La sobreviviente de la prostitución, estudiante de doctorado y defensora de la industria anti-sexo Huschke Mau expresó sentimientos similares, cuestionando la moralidad de usar a mujeres metidas en la industria del sexo como conejillos de indias para los llamados experimentos de rehabilitación.
“¿Es que acaso son las mujeres prostituidas maniquíes de prueba de choque con las que se puede experimentar? […] ¿Seguimos siendo seres humanos [para] el estado?” preguntó.
Sin embargo, la práctica continúa, y tiene muchos más partidarios de lo que una espera.
Muchos defensores del programa afirman que los hombres que participan en el programa son considerados de “bajo riesgo”, por lo que los riesgos para las mujeres involucradas se han evaluado con precisión. Pero la afirmación es, como mínimo, poco fiable en vista del asesinato de Lévesque, donde el sistema canadiense determinó que Gallese era lo más “bajo riesgo” posible para un delincuente.
Otros partidarios señalan el hecho de que el programa actualmente no está financiado por los contribuyentes, y los hombres pagan de su bolsillo por las visitas. Pero lo que más arroja luz sobre todo el apoyo que tiene, es la creencia de que, sin importar lo que un hombre haya hecho, negarle sexo sería una violación atroz de los derechos humanos.
“La sexualidad es parte de la dignidad humana. […] Ni siquiera los violadores deben ser excluidos. Después de todo, son precisamente ellos los que deben aprender el valor de la sexualidad consensual”, escribió el corresponsal legal y abogado Christian Rath en 2011 para el notoriamente neoliberal medio de noticias Taz.
Para una industria que ha luchado por mantener una fachada de decencia, el cambio de nombre para intentar convertirla en una forma digna de “terapia” o “curación” parece ser otro intento de normalización. Sigue de cerca la estrategia de las feministas liberales, que llevan años intentando vender la prostitución como una forma de empleo inofensivo y legítimo.
La Asociación Federal de Servicios Eróticos y Sexuales (FAES), una organización que afirma que todos los miembros “son o fueron rabajadoras sexuales” ahora está pidiendo que la prostitución se incluya en la “revolución del cuidado” global, incluso banalizando la teoría marxista al decir que la industria puede clasificarse como “trabajo reproductivo” esencial.
Ha publicado una declaración en su página web comparando el supuesto poder curativo de la prostitución con los servicios esenciales proporcionados por terapeutas y enfermeras.
“El trabajo emocional que se lleva a cabo en muchos casos en el trabajo sexual se puede comparar […] con el de entrenadores, terapeutas, enfermeras o profesiones similares, que es íntimo del cuerpo y de las personas”, declaró FAES.
En los últimos años, esta estrategia de renovación de la marca se ha utilizado con éxito para argumentar que la prostitución para beneficio de hombres discapacitados equivale a una terapia necesaria, y la portavoz de la política de atención del Partido Verde argumentaba ya en 2017 que la práctica debería financiarse con fondos públicos.
En 2022, un hombre demandó con éxito a su asociación de trabajadores para que le pagaran el uso de mujeres prostituidas que tuvieran una licencia específica de “asistenta sexual” después de sufrir un accidente laboral y quedar con una discapacidad que, según él, hacía que encontrar una pareja consensuada fuera “imposible”.
La decisión pareció particularmente desatinada para muchos que consideran las barreras de accesibilidad ya existentes para que las personas con discapacidad participen en la vida cotidiana, pero particularmente cuando se señalan las altas tasas de violencia sexual cometidas contra mujeres y niñas con discapacidad.
Pero los presos, violadores y hombres discapacitados no son los únicos que exigen “terapia sexual” por parte de las mujeres prostituidas; La tendencia continúa en el cuidado de personas mayores también.
Las asociaciones que representan a ancianos abogan ahora por mujeres prostituidas financiadas por el estado para pacientes varones geriátricos con la promesa adicional de supuestamente frenar el acoso sexual generalizado a las cuidadoras.
Este fenómeno se relaciona con los programas de “terapia sexual en prisión”, ya que sus defensores enfatizan su necesidad específicamente para presos con discapacidad cognitiva.
La representante de FAES, Josefa Nereus, argumentó en 2020 que usar a mujeres en prostitución para “terapia sexual” experimental de violadores convictos es moralmente justificable, siempre y cuando la mujer en cuestión sea informada sobre con quién va a ir.
A pesar de su fuerte apoyo, Nereus, una escort de alta categoría que cobra 250 euros por hora, ha admitido que nunca había tenido que soportar a un violador como “cliente”. En contraste, las mujeres de Network Ella, la primera organización alemana para sobrevivientes de prostitución, han relatado los horrores de apenas haber sobrevivido a los compradores sexuales con antecedentes criminales violentos.
Otra destacada defensora de tal práctica es la escort con educación universitaria que cobra 500 euros por hora, columnista y representante de la industria del sexo, Salomé Balthus.
Balthus va un paso más allá y argumenta que la prostitución puede actuar como un servicio de fantasía para los pedófilos “éticos” que buscan mujeres prostituidas infantilizadas para evitar abusar de menores.
A diferencia de Neurus, Balthus hace lo que predica. Su seudónimo se basa en un pintor tristemente famoso por pintar a niñas prepúberes en poses cargadas de sexualidad. En Twitter, se etiqueta a sí misma como un “juguete para adultos” y publica ilustraciones que representan el abuso sexual infantil de fantasía. En su sitio web, Balthus enfatiza su estatura infantil, describiéndose a sí misma como “mujer niña” y una “fantasía apenas legal”.
En el siglo XIII, el influyente teólogo cristiano Tomás de Aquino afirmó que la prostitución era necesaria para prevenir la violencia contra las mujeres “cívicas”, y la comparaba con las alcantarillas utilizadas para sacar la suciedad de un palacio.
Más tarde, en el siglo XIX, frenólogos como Cesare Lombroso argumentaron que algunas mujeres nacieron pervertidas sexuales y, por lo tanto, eran perfectamente adecuadas para la prostitución y la tarea de absorber la agresión masculina. Esta creencia continuó en el siglo XX, reforzada por los regímenes fascistas que en consecuencia instituyeron redes de burdeles en todos sus territorios ocupados, alegando que esto era para “proteger” a la población local.
En la era moderna, el llamado movimiento de “positividad sexual” afirma haber ido más allá de estas antiguas nociones misóginas con llamados a la “igualdad en el dormitorio” y el fin de “la brecha del orgasmo”. Sin embargo, su entusiasmo por la industria del sexo tiene una curiosa cantidad de similitudes con los rabiosos misóginos a lo largo de la historia con los que de otro modo se opondrían a asociarse.
La creencia de que una clase de mujeres debe ser fácilmente accesible para que los hombres la compren no es nueva. Pero si bien una vez se afirmó que se debía a la inferioridad natural de las mujeres, ahora se está impulsando como consecuencia del empoderamiento femenino, la liberación sexual y la capacidad de las mujeres para servir al bien público alquilando sus cuerpos a hombres “necesitados”.
Aunque la lógica ha cambiado, el abuso permanece.
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