Un hombre gay que admitió haber asesinado a la madre de alquiler que contrató para tener a sus hijos ha declarado ante el tribunal que se identifica como mujer, en lo que algunos llaman un intento por evitar una condena potencialmente larga por feminicidio.
Fernando Alves Ferreira fue detenido en febrero de 2022 tras admitir el asesinato de Eduarda Santos, una madre de alquiler que había contratado y que vivía con él en la ciudad argentina de Bariloche. Un turista encontró el cuerpo de Santos en el Circuito Chico con 9 heridas de bala. Un examen forense posterior reveló que el cadáver de Santos también presentaba lesiones consistentes con haber sido golpeado antes de su muerte.
Dos días después del asesinato, Ferreira se entregó a la policía. Admitió repetidamente el crimen mientras estaba detenido, declarando una y otra vez “Fui yo. La maté”. Fue acusado de feminicidio, asesinato premeditado y uso de arma de fuego sin autorización, y expresó ante el tribunal su deseo de declararse culpable.
En el coche de Ferreira, que fue incautado cuando se entregó, la policía encontró manchas de sangre, lo que los llevó a pensar que se había producido una pelea en el vehículo antes de que Santos huyera a pie. Ferreira luego la persiguió y le disparó. Los agentes señalaron que Ferreira había tomado “todas las precauciones para asegurarse de que la mujer no pudiera defenderse”. También se encontraron imágenes de videovigilancia de Ferreira deshaciéndose de su arma.
El motivo del crimen no está claro, ya que Ferreira se ha negado a proporcionar detalles concretos. En cambio, ha acusado vagamente a Santos de estar implicada en actividades ilegales de “pandillas” y sugirió que la víctima era él. No se han encontrado pruebas que corroboren su afirmación.
El tribunal escuchó que Ferreira y Santos eran ambos originarios de Brasil, y que Ferreira, junto con su marido, había contratado a Santos como madre de alquiler en 2020.
Santos dio a luz a gemelos para Ferreira y su marido, que falleció al año siguiente. Al parecer, la mujer había estado viviendo con la pareja por carecer de recursos económicos propios.
El fiscal jefe del caso caracterizó a Santos como particularmente vulnerable y la describió como alguien que estaba “a merced” de Ferreira. Apenas un mes antes de su asesinato, Santos había dado a luz a otro niño.
“Eduarda era una mujer extranjera que vivía en Bariloche… Vivía en la casa del acusado, carecía de recursos propios y estaba a merced del dueño de la casa”, declaró el fiscal jefe Martín Lozada durante una audiencia. “Era una situación de notable asimetría. El acusado había alquilado el vientre de Eduarda para tener dos hijos por gestación subrogada, y desde el nacimiento de los gemelos, vivía en la misma casa”.
La fiscalía también argumentó que Ferreira había ejercido “violencia económica y psicológica” sobre Santos durante años, y que Santos no tenía familiares ni amigos en Argentina.
En respuesta, Ferreira acusó a Santos de ser la agresora, diciendo que “no era sumisa”.
La familia de Santos en Brasil ya se ha pronunciado en contra de las afirmaciones de Ferreira sobre su condición de víctima, criticando a los medios por darle al hombre una cobertura positiva.
“Mi hermana es la víctima, no él”, dijo el hermano de Santos al periódico brasileño O Dia el año pasado. En aquel momento, la familia parecía desconocer la situación de Santos en Argentina, pues creía que tenía un empleo remunerado en el país. La familia de Santos ha estado luchando por la custodia de los hijos que tuvo como madre subrogada de Ferreira para repatriarlos a Brasil. Ferreira ha exigido que los niños no sean devueltos a Brasil.
Fue la dinámica entre Ferreira y Santos lo que llevó a los fiscales a solicitar una condena por feminicidio, que se define como un delito específico de género introducido en 2012 para hacer frente a la epidemia de violencia sexual en el país. Según las Naciones Unidas, una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina. La disposición de feminicidio se definió en términos generales como “un delito contra una mujer cuando el acto es perpetrado por un hombre y media violencia de género”.
Pero ahora, los abogados de Ferreira pretenden que se retire la acusación de feminicidio, argumentando que su cliente ya no se identifica como hombre. La semana pasada, durante una audiencia, los abogados de Ferreira declararon que ahora se llama “Amanda” y que estaba realizando los trámites legales pertinentes para que se reconociera su identidad de género autodeclarada.
Al parecer, la fiscalía han rechazado la solicitud de Ferreira de ser tratado como mujer, pero el caso aún está en curso.
De los cargos que se le imputaban a Ferreira, el de feminicidio era el que conllevaba la sentencia más larga de cadena perpetua. Si se retira, y si las demás estrategias legales expuestas por la defensa tienen éxito, Ferreira podría pasar tan solo 10 años en prisión por asesinar a Santos.
Esta no es la primera vez que la identidad de género interfiere en un delito relacionado con el feminicidio en Argentina.
Como informó anteriormente Reduxx, el brutal asesinato de una mujer prostituida en Buenos Aires se registró inicialmente como un feminicidio hasta que los medios de comunicación se enteraron de que los dos hombres involucrados en el asesinato se identificaban como transgénero.
Brenda Córdoba, de 28 años, fue asesinada el 10 de noviembre de 2021 en el barrio porteño de Balvanera (artículo en español). Las espeluznantes imágenes de la cámara de vigilancia publicadas por la policía durante la investigación de su muerte mostraban a Córdoba siendo abordada por lo que parecía ser un hombre con una sudadera con capucha blanca y una máscara. El hombre se puso detrás de ella, le agarró el cuello con el brazo y la apuñaló varias veces en el pecho.
Córdoba, que quedó tirada en un charco de su propia sangre, fue encontrada inicialmente con vida por transeúntes que habían intentado intervenir en el apuñalamiento y fue trasladada al hospital. Murió como resultado de sus heridas unos días después.
La policía detuvo a sus asesinos tras hacer un llamamiento a la comunidad con las imágenes de videovigilancia del asesinato. Aunque en un principio los medios de comunicación informaron que se trataba de un feminicidio, el término se eliminó rápidamente de la información tras conocerse la identidad de género de los asesinos de Córdoba.
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