Veinte mujeres interpusieron una demanda en contra del alguacil y varios oficiales correccionales de una cárcel en el condado de Clark, Indiana después de que un funcionario le vendiera las llaves de las celdas femeninas a los presos varones con el fin de permitirles abusar sexualmente de las mujeres.
Según la demanda presentada el 21 de junio, las mujeres encarceladas fueron aterrorizadas y agredidas cuando el oficial penitenciario Davie Lowe le vendió el acceso a su sección de la cárcel a dos reclusos varones por $1,000. Durante una terrible experiencia que duró “varias horas”, las mujeres fueron abusadas por varios presos varones quienes lograron invadir la zona ayudados por los que habían comprado las llaves .
Los documentos del caso, presentados en la División de New Albany del Tribunal de Distrito de EE. UU., alegan que las 20 demandantes “sufrieron lesiones horrorosas, tanto físicas como psicológicas” durante la noche del 24 de octubre del 2021.
Comenzando aproximadamente a las 11:30 p. m., los dos reclusos varones que habían comprado las llaves de los dormitorios femeninos ingresaron a las instalaciones y fueron de celda en celda, amenazando a las reclusas “a muerte” para que no usaran los botones de llamada de emergencia. Luego, los dos hombres se fueron y regresaron con un grupo más grande varones, muchos de los cuales habían ocultado sus identidades cubriendo sus rostros con telas.
En el transcurso de la noche, las mujeres fueron manoseadas, amenazadas y obligadas a exponer sus cuerpos. Al menos dos reclusas fueron violadas.
Luego, el informe detalla que “después de varias horas, una reclusa logró tocar el botón de emergencia y comenzó a gritar para llamar a los oficiales correccionales”, lo que provocó que los reclusos se retiraran a su área dentro de la prisión.
Pero la terrible experiencia de las mujeres no terminó ahí, ya que el personal penitenciario aparentemente sancionó a las reclusas por haberlos llamado pidiendo auxilio.
Las mujeres fueron castigadas con la pérdida de su “privilegio de oscuridad”, lo que significa que fueron sujetas a 72 luces encendidas durante días completos para evitar que durmieran. Durante los días posteriores al incidente, las mujeres fueron encerradas y sometidas a interrogatorios en celdas de detención. Muchas de las posesiones personales de las mujeres también fueron confiscadas durante “extorsiones” organizadas.
Los informes locales también indican que ninguno de los varones encarcelados ha enfrentado cargos y no se facilitaron kits de violación a las mujeres víctimas de sus abusos.
Además de David Lowe, el reporte incluido en la demanda identifica al alguacil del condado de Clark, Jamie Noel, y a otros “oficiales anónimos del Departamento del alguacil del condado de Clark” como acusados. Se alega en el informe, que el alguacil Noel “permitió que los oficiales acusados Lowe y demás oficiales sin nombre actuasen sin la supervisión adecuada, lo que creó una alto riesgo de que se produjeran violaciones de los derechos constitucionales de las reclusas y, en particular, de las demandantes. ”
Las demandantes han solicitado un juicio por jurado.
En declaraciones para Reduxx, Amie Ichikawa expresó su decepción con el caso, pero sintió que era parte de una tendencia más amplia, un desprecio generalizado por la seguridad y la dignidad de las mujeres encarceladas.
“Las mujeres encarceladas seguirán siendo el sector más vulnerable de todas las mujeres hasta el día en que se vea que tienen valor social”, dijo.
Ichikawa es la fundadora de WomenIIWomen, un grupo de defensa con sede en California que defiende las necesidades de las reclusas. El sitio web de Ichikawa señala que el 93% de las mujeres encarceladas en los Estados Unidos han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
“La situación en el condado de Clark, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, en Rikers, y en el Edna Mahan, es que las prisioneras son vistas como inútiles y tratadas como tal. Esto también explica por qué los medios no están creando una tormenta de fuego en torno a este incidente, porque no les importa”.
Ichikawa hace referencia a los impactantes recientes sucesos en las prisiones de Nueva York, Nueva Jersey y California como ejemplos de cómo la seguridad de las reclusas ha sido negada por completo tanto por la administración como por los principales medios de comunicación.
Mientras que en el condado de Clark, se les vendió las llaves de las celdas femeninas a hombres reclusos, muchos estados han adoptado políticas que le permiten a los hombres ser transferidos a instalaciones femeninas sobre la base de una identidad de género autodeclarada como “masculino no cis”.
Varios estados han adoptado políticas explícitas de autoidentificación, lo que permite que hombres con antecedentes de violencia física y sexual contra mujeres y niños puedan ser transferidos a instituciones correccionales para mujeres después de declararse “transgénero”. Probablemente en el caso más extremo, a los reclusos varones en California no se les exige ningún cambio legal o médico para que se les apruebe la transferencia.
Según Keep Prisons Single Sex USA, poco menos del 50% de los reclusos varones identificados como trans a nivel federal tienen antecedentes delictivos sexuales. La organización también ha revelado que en California, un tercio de los reclusos varones que han solicitado ser trasladados a prisiones de mujeres están en la base de datos de delincuentes sexuales.
De manera similar a lo que se denunció en la demanda de Indiana, las reclusas en Nueva Jersey y California informaron haber sido “castigadas” por el personal penitenciario por presentar quejas formales sobre violaciones que presenciaron o experimentaron a manos de hombres recién transferidos.
Además de la demanda, David Lowe, el ahora ex oficial correccional de la cárcel del condado de Clark quien facilitó la venta de llaves a los violadores, fue arrestado en octubre del 2021 y actualmente enfrenta cargos penales relacionados con el tráfico de reclusos. Su juicio está fijado para septiembre de este año.
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