DETALLES EXCLUSIVOS: El Departamento Penitenciario de Indiana debe facilitar las “cirugías de género” del travesti que asesinó a una bebé tras una demanda respaldada por la ACLU

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha logrado que un asesino de bebés que se dice trans reciba cirugías de “afirmación de género” financiadas por los contribuyentes. Ayer, el Tribunal de Distrito de Indiana dictaminó que Autumn Cordellioné, nacido Jonathan C. Richardson, había sido sometido a un “castigo cruel e inusual” al negársele las diversas cirugías plásticas que había exigido.

Richardson cumple actualmente una condena de 55 años por el asesinato de su hijastra de 11 meses. Como ya informó Reduxx (artículo en español), Richardson había quedado al cuidado de la niña mientras su madre trabajaba. Esa noche, recibió la visita de unos amigos que observaron que “actuaba de manera extraña” y se negó a invitarlos a entrar en casa como hacía normalmente.

A pesar de decir que la niña estaba durmiendo, Richardson tenía la música a todo volumen, y sus invitados observaron que parecía tener un tatuaje reciente y sangrante del nombre de la niña grabado en su brazo. Poco después de que sus amigos se fueran, Richardson fue a la casa de un vecino y le pidió que llamara al 911, alegando que la niña no respondía. El bebé moriría más tarde en el hospital, y se determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual.

Richardson fue detenido a la espera de una vista judicial, y más tarde le diría a un funcionario de la prisión “todo lo que sé es que maté a esa zorrita de mierda”. Al año siguiente, fue declarado culpable y condenado a 55 años de prisión.


En 2020, cuando estaba encarcelado en el Correctional Industrial Facility (CIF) en Madison, Richardson comenzó a identificarse como transgénero y a tomar estradiol, un estrógeno sintético, y espironolactona, un antiandrógeno. Dos años más tarde, Richardson presentó una denuncia por acoso sexual alegando que había sido violado por su compañero de celda en 2005 y que apuñaló al recluso como represalia.

A pesar de la brutalidad de su delito, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Indiana se hizo cargo de su caso e inició una demanda de derechos humanos contra el Departamento Penitenciario de Indiana (IDOC).

En la demanda, presentada en agosto de 2023, los abogados de la ACLU se refieren a Richardson como “una reclusa transgénero adulta confinada en una institución masculina” y se quejan de que “la prohibición total de la cirugía de afirmación de género viola su derecho a estar libre de castigos crueles e inusuales en virtud de la Octava Enmienda”.

La demanda pretendía impugnar una política recientemente adoptada que estipula que el IDOC no puede proporcionar cirugías transgénero a los reclusos. El proyecto de ley 1569 de la Cámara de Representantes, que entró en vigor en julio de 2023, prohíbe el gasto de dinero estatal o federal en cirugías de reasignación sexual para reclusos. El proyecto de ley, argumenta la ACLU, “ordena la indiferencia deliberada hacia una necesidad médica grave y, por lo tanto, vulnera la Octava Enmienda”.

Entre una lista de demandas preparadas por Richardson y presentadas como evidencia ante el tribunal había un documento titulado “Cirugías para alcanzar mi yo ideal”. El primer elemento de la lista, escuchó el tribunal, era una “vagina”, seguido de: implantes mamarios, lifting de cejas, reducción de cejas, abdominoplastia, implantes de glúteos, trasplante de útero, depilación y pelucas.

Sin embargo, durante el proceso judicial, Richardson declaró que había modificado sus demandas y que ahora sólo pedía dos cirugías, una orquiectomía y una inversión del pene.

Además de identificarse como transgénero, Richardson se identifica como “musulmana” (artículo en español) y actualmente tiene otra demanda vigente contra el capellán de su prisión por haberle negado un hiyab.

Durante su declaración, Richardson le dijo al asesor legal del IDOC, Alex Carlisle, que en 2018, otro recluso masculino del CIF que se hacía llamar “Pearl” lo había puesto al tanto de la identidad de género. Según Richardson, Pearl había traído folletos de cárceles del estado de California que explicaban el concepto de “identidad de género” y le dio la idea de tomar hormonas feminizantes.

“Siempre supe que era una chica, no sabía que se aplicaba ese término. Porque hasta que hablé con Pearl ni siquiera sabía que transgénero era el nombre que se le daba. Escuchaba por aquel entonces que era transexualidad y eso no parecía encajar conmigo porque aparentemente era gente a la que le gusta usar ropa de chicas para mantener relaciones sexuales”, dijo Richardson en su declaración.

Sin embargo, Richardson también declaró que mientras estuvo casado brevemente con la madre de la bebé que asesinó, había estado trabajando en una “librería para adultos” que vendía videos pornográficos. Cuando trabajaba como conserje, Richardson tuvo relaciones sexuales con varios clientes varones mientras fingía ser una “chica”.

Richardson testificó además que había tomado el nombre femenino “Autumn” por su novia del instituto, y dijo que de joven solía robar la ropa de su hermana y el maquillaje de su madre. “Cuando me ponía la ropa, por un segundo podía realizar la chica que llevaba dentro”, dijo.

“Sentía que sólo era una mujer cuando un hombre me usaba”, comentó Richardson. “Era el único momento aceptable para ser mujer, así que me producía cierta satisfacción estar complaciendo a un hombre como lo haría una mujer y poder expresar quién era”.

Pero la madre de la niña que Richardson estranguló se opuso a su intento legal de obtener una cirugía. Linda Thomas presentó una breve declaración en la que expresaba su preocupación por el hecho de que se ocultara su identidad cuando saliera de la cárcel.

“El día que asesinó a mi hija, observé personalmente al acusado con un tatuaje sangrante reciente del nombre de mi hija en el brazo cuando yo estaba en el hospital esa tarde”, dijo Thomas. “Vivo con miedo por mí y por mis hijos del día en que [Richardson] salga de la cárcel, temor que aumenta en gran medida ante la idea de que su identidad pueda ser ocultada tras su puesta en libertad”.

Los abogados de la ACLU, bajo la dirección de Kenneth Falk, intentaron que el testimonio de Thomas fuera desestimado como prueba judicial alegando que “la Sra. Cordellioné se opuso a la relevancia de esta declaración”.

Durante el proceso judicial, Kate Meltzer, representante legal de la Oficina del Fiscal General, hizo hincapié en una cuestión de «oportunidad» relacionada con los intentos de Richardson de obtener la libertad anticipada.

El 4 de enero, Richardson había presentado una solicitud pro se para intentar conseguir una reducción de su condena. Según Meltzer, la solicitud de Richardson afirmaba que las “circunstancias que dieron lugar al crimen ya no están presentes”, ya que la motivación del asesinato de la bebé estaba “ligada a su identidad transgénero y su disforia de género”.

El tribunal también escuchó el testimonio de Stephen B. Levine, psiquiatra especializado en disfunción sexual y transexualidad, que fundó la Clínica de Identidad de Género Case Western Reserve de Cleveland en los años 70. Levine presidió en 1998 la quinta edición de los Estándares de Atención de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH). También formó parte del Subcomité de Trastornos de Identidad de Género del DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría.

En marzo de este año, con el caso en curso, Levine envió un correo electrónico al abogado del Fiscal General, Alexander Carlisle, rogándole que empatizara con Richardson. Según el Dr. Levine, el trastorno de Richardson “es producto de la necesidad de encontrar coherencia, consistencia y estabilidad”. Los “innumerables traumas” sufridos por Richardson, dijo el médico de género, “comenzaron con su nacimiento (en realidad con su embarazo)”, lo que indica su creencia de que la identidad transgénero se desarrolla en el útero.

Como se señala en los documentos judiciales, en los últimos años, el Dr. Levine obtuvo entre el 40% y el 50% de sus ingresos como perito en litigios relacionados con el tratamiento de pacientes con “disforia de género”.

La sentencia dictada por el juez Richard Young el 17 de septiembre tiene implicaciones de gran alcance y sienta un precedente para que se concedan más cirugías y hormonas a expensas de los contribuyentes. El veredicto declara que el estatuto agregado al código legal de Indiana en 2023 que prohíbe al DOC facilitar cirugías de “afirmación de género médicamente necesarias” para los reclusos cuenta como “discriminación sexual”.

En una declaración sobre la victoria legal de Richardson, el director legal de la ACLU de Indiana, Kenneth Falk, dijo: “El día de hoy marca una victoria significativa para las personas transgénero en las prisiones de Indiana. Negar atención médica basada en evidencia a personas encarceladas simplemente porque son transgénero es inconstitucional. Nos complace que el Tribunal esté de acuerdo”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha interpuesto múltiples demandas en varios estados contra las autoridades penitenciarias estadounidenses en nombre de hombres condenados por crímenes horribles. Según reveló Reduxx, en 2019 la ACLU presentó una demanda (artículo en español) contra el Departamento Penitenciario de Nueva Jersey que exigía al estado que permitiera a los reclusos varones violentos identificarse como trans para conseguir una plaza en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan, en nombre de un fetichista de pañales confeso y terrorista convicto.

El año pasado, la ACLU de Florida criticó a las autoridades por no proporcionar “atención de afirmación de género” a un violador y asesino convicto antes de su ejecución. Duane Owen había sido condenado a muerte por el brutal asesinato de una madre de 38 años y una niña de 14 en 1984. Owen afirmó que agredía sexualmente a mujeres como parte de un ritual para extraer sus hormonas (artículo en español), y que era un transexual que llevaba a cabo la violencia sexual para “convertirse en una mujer”.


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Genevieve Gluck

Genevieve is the Co-Founder of Reduxx, and the outlet's Chief Investigative Journalist with a focused interest in pornography, sexual predators, and fetish subcultures. She is the creator of the podcast Women's Voices, which features news commentary and interviews regarding women's rights.

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