Una funcionaria de prisiones de Canadá ha ganado un caso ante un tribunal laboral después de sufrir lesiones psíquicas mientras vigilaba a un recluso varón transidentificado que había sido trasladado a una cárcel de mujeres.
Según una sentencia judicial presentada el 3 de octubre, la funcionaria de prisiones tendrá derecho a prestaciones de compensación laboral después de que se le diagnosticara un trastorno de estrés postraumático (TEPT) que había adquirido al verse obligada a vigilar a un recluso varón transidentificado durante 12 horas sin descanso a pesar de su creciente ansiedad.
A la demandante, una mujer de 55 años que ha trabajado en prisiones durante 11 años, se le había asignado vigilar al recluso, que había sido puesto bajo vigilancia por suicidio en diciembre de 2019. La funcionaria hizo saber de inmediato a su empleador que tenía problemas de salud mental debido a un trauma sexual infantil, lo que le dificultaba la tarea.
Testificó que el 16 de diciembre de 2019 la habían enviado al módulo de máxima seguridad de la institución en la que trabajaba y le dijeron que se hiciera cargo de la vigilancia de un recluso varón transidentificado mientras estaba bajo vigilancia por suicidio. La tarea le exigía vigilar sin descanso una transmisión de video del interior de la celda del recluso.
Según las actas judiciales, la obligaron a sentarse sola en una oficina pequeña y oscura y tomar nota de todo lo que sucedía en la celda cada 15 minutos, incluso cuando el recluso iba al baño y se masturbaba.
Si bien se desconoce la identidad del prisionero, los documentos judiciales indican que había estado encarcelado en una institución para hombres durante “años” antes de afirmar ser transgénero y conseguir el traslado a una prisión de mujeres.
La funcionaria solicitó en repetidas ocasiones que se la relevara de esta tarea, y comunicó a sus jefes que, en su opinión, debería ser un funcionario varón el encargado de realizarla, teniendo en cuenta que el recluso conservaba sus genitales masculinos, pero sus peticiones fueron denegadas y se le dijo que tenía que permanecer en su puesto.
Durante su turno, la agente se sintió cada vez más angustiada hasta que, finalmente, reveló a su supervisor que había sufrido abusos sexuales infantiles. Pero su jefe la amenazó con medidas disciplinarias o con el despido si no completaba la tarea que se le había asignado.
Aunque al principio estaba previsto que trabajara desde las 14.00 a las 23.00, la dirección no pudo encontrar a una agente dispuesta o capaz de asumir su puesto a la hora a la que ella debía acabar su turno, por lo que la trabajadora tuvo que permanecer en su puesto hasta las 2 a.m. Durante el turno de 12 horas, también se le había negado un descanso adecuado o un tiempo para ir al baño, ya que no había nadie que pudiera cubrir su puesto.
Al día siguiente de su turno, la agente solicitó asistencia de salud mental. Su médico le dio un certificado de baja hasta el 3 de enero, y finalmente se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático en ese tiempo.
Según la sentencia: “La trabajadora testificó sobre el impacto en su vida desde el incidente. Declaró que no podía regresar al trabajo y que revivía constantemente los abusos sufridos en su infancia. Se sintió traumatizada de nuevo e ignorada por el empleador cuando trató de hablar con él. Sentía que no tenía opciones para poder negarse a hacer la tarea y se sentía paralizada. Declaró que fue devastador”.
La Junta de Seguridad en el Trabajo y Seguros de Ontario (WSIB) denegó inicialmente la solicitud de prestaciones por TEPT de la trabajadora, alegando que entraba dentro de ciertas exenciones de las políticas de WSIB sobre Estrés Mental Traumático, Estrés Mental Crónico y Primeros Auxilios.
Pero el Tribunal de Seguridad en el Trabajo y Apelaciones finalmente falló a favor de la funcionaria, al considerar que verse obligada a vigilar al recluso durante un período prolongado de tiempo sin descanso “desencadenó recuerdos y una reviviscencia del trauma infantil”, y en última instancia provocó el trastorno de estrés postraumático de la trabajadora. Ahora tiene derecho a prestaciones laborales por el trauma que sufrió mientras trabajaba en la institución.
Desde diciembre de 2017, los reclusos en Canadá que reivindiquen una identidad “transgénero” pueden ser alojados en la instalación de su preferencia, independientemente de su anatomía física, a menos que “existan motivos imperiosos de salud o seguridad que no puedan resolverse”.
Aunque se desconoce en qué institución trabajaba la funcionaria de prisiones, los detalles del documento judicial sugieren que podía tratarse de un centro federal debido a la duración de la condena que cumplía el recluso. En Canadá, los reclusos condenados a penas de prisión de más de 2 años están bajo la jurisdicción de los Servicios Correccionales de Canadá, que opera solo una instalación para hombres que se dicen mujeres en Ontario: Grand Valley Institution for Women.
En los últimos años, este centro ha suscitado múltiples polémicas en torno al traslado de reclusos varones transidentificados.
En septiembre, las reclusas de Grand Valley Institution denunciaron que un violento necrófilo (artículo en español) había sido trasladado al centro tras comenzar a identificarse como transgénero. Catherine Lynn fue encarcelado por el asesinato de una mujer en 1995. Lynn apuñaló a la víctima hasta la muerte antes de violar su cadáver.
Heather Mason, una ex reclusa federal que cumplió su condena en Grand Valley Institution, ha estado en primera línea informando al público sobre la necesidad de mantener las prisiones en Canadá de un solo sexo.
Mason, que en la actualidad defiende los derechos de las mujeres, informó el año pasado que el 50% de los reclusos varones que solicitaban el traslado a prisiones de mujeres en Canadá habían sido condenados por delitos sexuales.
Los datos coinciden con las conclusiones de otros países.
En los Estados Unidos, se descubrió que casi el 50% de los reclusos varones de la Oficina de Prisiones que se identificaban como transgénero habían sido condenados por delitos sexuales. En el Reino Unido, el 60% de todos los reclusos varones transidentificados con documentos legales de cambio de género tienen al menos una condena por un delito sexual.
Las políticas de autoidentificación carcelaria en otros países también han dado lugar al acoso sexual e incluso a la violación de mujeres encarceladas por parte de reclusos varones que son trasladados a cárceles de mujeres.
A principios de este año, un recluso varón transidentificado en Rikers Island fue condenado por violar a una mujer encarcelada mientras se encontraba en el módulo femenino del complejo penitenciario de la ciudad de Nueva York. Semanas después, Reduxx reveló en exclusiva que un recluso varón transidentificado había agredido sexualmente (artículo en español) a una mujer en una cárcel de California.
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