La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Indiana presentó una demanda contra el Departamento de Instituciones Penitenciarias del estado después de que a un recluso que se dice trans, condenado por asesinar a su hijastra, se le denegaran cirugías de “afirmación de género”.
La demanda, presentada el 28 de agosto, impugna una política recientemente adoptada que estipula que el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Indiana (IDOC) no puede proporcionar cirugías transgénero a los reclusos. El Proyecto de Ley 1569 de la Cámara de Representantes, que entró en vigor el 1 de julio, prohíbe el gasto de dinero estatal o federal en “cirugía de reasignación sexual” para los reclusos.
Según la demanda, la ACLU acusa al estado de “indiferencia deliberada ante una necesidad médica grave”, argumentando que las “cirugías de afirmación de género” son una “necesidad médica” para algunos reclusos. La ACLU también afirma que la política “discrimina … en violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda”.
La ACLU presentó el caso contra el Estado en nombre de un recluso que se dice transgénero que actualmente cumple una condena de 55 años por el horrible asesinato de su hijastra.
Autumn Cordellioné, también conocido como Jonathan C. Richardson, fue detenido en 2001 después de la muerte de su hijastra de 11 meses, ocurrida cuando estaba bajo su cuidado mientras su madre trabajaba.
Según las actas judiciales vistas por Reduxx, Richardson recibió esa noche la visita de unos amigos, que observaron que “actuaba de manera extraña” y que incluso se negó a dejarlos pasar, como hacía normalmente.
A pesar de afirmar que la niña estaba durmiendo, Richardson tenía la música a todo volumen en la casa, y sus amigos notaron que parecía tener un tatuaje reciente que aún sangraba del nombre de la niña grabado en el brazo.
Esa misma noche, después de que sus amigos se hubieran ido, Richardson fue a casa de su vecino y le pidió que llamara al número de emergencias, alegando que la niña no reaccionaba. El personal de emergencia pudo reanimar brevemente a la niña, pero murió poco después de ser trasladada al hospital.
Richardson fue interrogado por la policía, que observó que estaba “tranquilo y no mostraba emociones” durante el interrogatorio, y su versión sobre lo ocurrido al bebé cambió drásticamente en el transcurso de las dos entrevistas realizadas.
Al principio, Richardson afirmó que encontró al bebé inconsciente después de hacer algunas tareas domésticas. Pero en la siguiente entrevista, Richardson dijo que la niña estaba “más inquieta de lo habitual” e intentó lanzarla al aire repetidamente para calmarla. Dijo que la niña “movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás de una manera brusca”, y que continuaba llorando, por lo que procedió a sacudirla agresivamente en un intento de calmarla.
Durante una vista de apelación fallida, los detectives del caso relataron cómo Richardson “demostró físicamente” cómo había maltratado a la niña, levantándose de su silla y demostrando la acción de una manera brusca.
Una autopsia posteriormente determinó que el bebé había muerto de asfixia por estrangulamiento manual.
Richardson fue fichado a la espera de una vista judicial y más tarde le diría a un funcionario de la prisión “todo lo que sé es que maté a esa pequeña puta de mierda”.
Richardson fue declarado culpable y condenado a 55 años de prisión por el horrible crimen.
Según la demanda legal de la ACLU, Richardson comenzó a identificarse como transgénero en 2020 y estaba tomando supresores de testosterona y hormonas feminizantes. Pero según los informes, los medicamentos no han aliviado por completo los “síntomas debilitantes de la disforia de género” de Richardson.
Usando pronombres femeninos para referirse a Richardson, la presentación de la ACLU dice: “En consecuencia, en este momento la cirugía de afirmación de género es necesaria para que su identidad física pueda alinearse con su identidad de género”.
A pesar de no haber comenzado a identificarse como transgénero hasta 2020, la ACLU afirma que Richardson se “identifica como mujer” desde que los 6 años.
Además de las hormonas, Richardson está recibiendo adaptaciones especiales del IDOC, que incluyen sujetadores, maquillaje, bragas y “ropa ajustada”.
Richardson está actualmente encarcelado en un centro para hombres.
Esta no es la primera vez que la ACLU intenta intervenir para proteger la identidad de género de un recluso violento que se dice transgénero.
En junio, la ACLU fue objeto de críticas por denunciar al estado de Florida (artículo en español) por no proporcionar “atención de afirmación de género” a un violador y asesino convicto antes de su ejecución.
Duane Owen, que fue ejecutado el 15 de julio, había sido condenado a muerte por el brutal asesinato de una madre de 38 años y una niña de 14 en 1984. Durante el proceso judicial, Owen afirmó que agredía sexualmente a mujeres como parte de un ritual para extraer sus hormonas, y que era un “transexual” que violaba para “convertirse en mujer”.
El 16 de junio, la ACLU, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), arremetió contra el estado de Florida por negarse a proporcionar “atención médica necesaria para la afirmación de género” a Owen. Usando pronombres femeninos para referirse a él, la ACLU afirmaba que el estado había causado a Owen “un enorme sufrimiento” y había violado “su derecho a no tener que sufrir castigos crueles e inusuales durante los más de 30 años que estuvo bajo la custodia del estado”.
A principios de este año, Reduxx reveló en exclusiva que la ACLU de Nueva Jersey había representado a un fetichista de pañales que se dice transgénero en un caso que finalmente resultaría en el traslado de reclusos varones a la prisión de mujeres del estado.
En agosto de 2019, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ) presentó una demanda contra el Departamento de Instituciones Penitenciarias del estado en nombre de Danielle Demers, pero protegió su identidad. La demanda argumentaba que una “mujer” llamada “Sonia Doe” había sido “encarcelada durante los últimos diecisiete meses en prisiones de hombres”, una situación que, decían, constituía un “castigo cruel e inusual”.
En junio de 2021, el estado de Nueva Jersey llegó a un acuerdo con la ACLU-NJ (artículo en español) y acordó adoptar importantes reformas en las políticas penitenciarias que permitirían el alojamiento en función de una “identidad de género” autodeclarada y subjetiva en lugar de en función del sexo biológico. Desde entonces, esta política ha dado lugar al traslado de varios delincuentes varones extremadamente violentos al Centro Penitenciario para Mujeres Edna Mahan.
Según testimonios facilitados a Reduxx por mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario para Mujeres Edna Mahan (EMCF), entre los primeros hombres que fueron trasladados a la prisión después de que Demers y la ACLU-NJ salieron victoriosos en su demanda, estaba un asesino convicto que había golpeado a una mujer prostituida hasta causarle la muerte y había bebido su sangre.
Otros reclusos varones violentos actualmente encarcelados en el centro gracias a los esfuerzos de la ACLU incluyen a Marina Volz, que atormentó sexualmente a su propia hija de 7 años (artículo en español) para hacer “pornografía transgénero”, y Dejshontaye Goddeszholli, que mató a su tía a puñaladas.
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