La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Indiana presentó una demanda contra el Departamento de Instituciones Penitenciarias del estado después de que a un recluso que se dice trans, condenado por asesinar a su hijastra, se le denegaran cirugías de “afirmación de género”.
La demanda, presentada el 28 de agosto, impugna una política recientemente adoptada que estipula que el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Indiana (IDOC) no puede proporcionar cirugías transgénero a los reclusos. El Proyecto de Ley 1569 de la Cámara de Representantes, que entró en vigor el 1 de julio, prohíbe el gasto de dinero estatal o federal en “cirugía de reasignación sexual” para los reclusos.
Según la demanda, la ACLU acusa al estado de “indiferencia deliberada ante una necesidad médica grave”, argumentando que las “cirugías de afirmación de género” son una “necesidad médica” para algunos reclusos. La ACLU también afirma que la política “discrimina … en violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda”.
La ACLU presentó el caso contra el Estado en nombre de un recluso que se dice transgénero que actualmente cumple una condena de 55 años por el horrible asesinato de su hijastra.
Jonathan C. Richardson. Foto cortesía del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Indiana.
Autumn Cordellioné, también conocido como Jonathan C. Richardson, fue detenido en 2001 después de la muerte de su hijastra de 11 meses, ocurrida cuando estaba bajo su cuidado mientras su madre trabajaba.
Según las actas judiciales vistas por Reduxx, Richardson recibió esa noche la visita de unos amigos, que observaron que “actuaba de manera extraña” y que incluso se negó a dejarlos pasar, como hacía normalmente.
A pesar de afirmar que la niña estaba durmiendo, Richardson tenía la música a todo volumen en la casa, y sus amigos notaron que parecía tener un tatuaje reciente que aún sangraba del nombre de la niña grabado en el brazo.
Esa misma noche, después de que sus amigos se hubieran ido, Richardson fue a casa de su vecino y le pidió que llamara al número de emergencias, alegando que la niña no reaccionaba. El personal de emergencia pudo reanimar brevemente a la niña, pero murió poco después de ser trasladada al hospital.
Richardson fue interrogado por la policía, que observó que estaba “tranquilo y no mostraba emociones” durante el interrogatorio, y su versión sobre lo ocurrido al bebé cambió drásticamente en el transcurso de las dos entrevistas realizadas.
Al principio, Richardson afirmó que encontró al bebé inconsciente después de hacer algunas tareas domésticas. Pero en la siguiente entrevista, Richardson dijo que la niña estaba “más inquieta de lo habitual” e intentó lanzarla al aire repetidamente para calmarla. Dijo que la niña “movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás de una manera brusca”, y que continuaba llorando, por lo que procedió a sacudirla agresivamente en un intento de calmarla.
Durante una vista de apelación fallida, los detectives del caso relataron cómo Richardson “demostró físicamente” cómo había maltratado a la niña, levantándose de su silla y demostrando la acción de una manera brusca.
Una autopsia posteriormente determinó que el bebé había muerto de asfixia por estrangulamiento manual.
Richardson fue fichado a la espera de una vista judicial y más tarde le diría a un funcionario de la prisión “todo lo que sé es que maté a esa pequeña puta de mierda”.
Richardson fue declarado culpable y condenado a 55 años de prisión por el horrible crimen.
Según la demanda legal de la ACLU, Richardson comenzó a identificarse como transgénero en 2020 y estaba tomando supresores de testosterona y hormonas feminizantes. Pero según los informes, los medicamentos no han aliviado por completo los “síntomas debilitantes de la disforia de género” de Richardson.
Usando pronombres femeninos para referirse a Richardson, la presentación de la ACLU dice: “En consecuencia, en este momento la cirugía de afirmación de género es necesaria para que su identidad física pueda alinearse con su identidad de género”.
A pesar de no haber comenzado a identificarse como transgénero hasta 2020, la ACLU afirma que Richardson se “identifica como mujer” desde que los 6 años.
De la denuncia legal de la ACLU.
Además de las hormonas, Richardson está recibiendo adaptaciones especiales del IDOC, que incluyen sujetadores, maquillaje, bragas y “ropa ajustada”.
Richardson está actualmente encarcelado en un centro para hombres.
Esta no es la primera vez que la ACLU intenta intervenir para proteger la identidad de género de un recluso violento que se dice transgénero.
Duane Owen, que fue ejecutado el 15 de julio, había sido condenado a muerte por el brutal asesinato de una madre de 38 años y una niña de 14 en 1984. Durante el proceso judicial, Owen afirmó que agredía sexualmente a mujeres como parte de un ritual para extraer sus hormonas, y que era un “transexual” que violaba para “convertirse en mujer”.
El 16 de junio, la ACLU, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), arremetió contra el estado de Florida por negarse a proporcionar “atención médica necesaria para la afirmación de género” a Owen. Usando pronombres femeninos para referirse a él, la ACLU afirmaba que el estado había causado a Owen “un enorme sufrimiento” y había violado “su derecho a no tener que sufrir castigos crueles e inusuales durante los más de 30 años que estuvo bajo la custodia del estado”.
A principios de este año, Reduxx reveló en exclusiva que la ACLU de Nueva Jersey había representado a un fetichista de pañales que se dice transgénero en un caso que finalmente resultaría en el traslado de reclusos varones a la prisión de mujeres del estado.
En agosto de 2019, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ) presentó una demanda contra el Departamento de Instituciones Penitenciarias del estado en nombre de Danielle Demers, pero protegió su identidad. La demanda argumentaba que una “mujer” llamada “Sonia Doe” había sido “encarcelada durante los últimos diecisiete meses en prisiones de hombres”, una situación que, decían, constituía un “castigo cruel e inusual”.
En junio de 2021, el estado de Nueva Jersey llegó a un acuerdo con la ACLU-NJ (artículo en español) y acordó adoptar importantes reformas en las políticas penitenciarias que permitirían el alojamiento en función de una “identidad de género” autodeclarada y subjetiva en lugar de en función del sexo biológico. Desde entonces, esta política ha dado lugar al traslado de varios delincuentes varones extremadamente violentos al Centro Penitenciario para Mujeres Edna Mahan.
Según testimonios facilitados a Reduxx por mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario para Mujeres Edna Mahan (EMCF), entre los primeros hombres que fueron trasladados a la prisión después de que Demers y la ACLU-NJ salieron victoriosos en su demanda, estaba un asesino convicto que había golpeado a una mujer prostituida hasta causarle la muerte y había bebido su sangre.
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Una destacada revista académica ha publicado un artículo que cuestiona la necesidad de leyes sobre la edad de consentimiento y afirma que los debates sobre la “sexualidad de menores” se ven injustamente obstaculizados por la “cultura de cancelación”. El autor, Marshall Burns, es un físico y empresario tecnológico que participó en el desarrollo de la primera industria informática y dirige un sitio web titulado “Consenting Juveniles” (“Menores que Consienten”).
En su artículo, publicado en junio en Archives of Sexual Behavior (Archivos de Comportamiento Sexual) y titulado “El elefante en la habitación: sexualidad juvenil“, Burns sostiene que “las relaciones sexuales entre jóvenes y adultos” se consideran erróneamente un tema polémico en la sociedad.
Marshall Burns. Fuente: consentingjuveniles.com
“La sección especial de Archives of Sexual Behavior sobre la cultura de cancelación es una referencia importante sobre un fenómeno peligroso que está ocurriendo ante nosotros. Sin embargo, la sección omite el debate sobre el problema principal de cancelación que posiblemente ayudó a preparar el terreno de lo que afrontamos hoy en día y que sigue siendo el más claro foco de la polémica”, escribe Burns.
“Ignora el elefante en la habitación: la sexualidad de la juventud, y en particular, los debates sobre las relaciones sexuales entre jóvenes y adultos sin una suposición a priori de abuso y daño”.
En el artículo, Burns presenta una selección de pasadas publicaciones académicas junto con respuestas para resaltar lo que él presenta como ejemplos de cultura de la cancelación en acción. El primer incidente que proporciona describe las críticas vertidas contra el académico neerlandés-estadounidense, afiliado a la Universidad de Columbia y activista LGBT Theo Sandfort, quien, según Burns, concluyó que las relaciones sexuales entre adultos y menores son “en su mayoría inofensivas”.
Antes de trasladarse a la Universidad de Columbia, Theo Sandfort se doctoró en Psicología Clínica por la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. También fue Presidente del Departamento Interfacultativo de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de Utrecht y Director del Programa de Investigación “Diversidad, Estilos de Vida y Salud” en el Instituto Holandés de Investigación Sexológica Social.
Sandfort fue presidente de la Academia Internacional de Investigación Sexual y de la Sociedad Holandesa de Sexología, y fue miembro de la Asociación Americana de Psicología (APA). En 2008, recibió el Premio John Money de la Sociedad del Estudio Científico de la Sexualidad por su trabajo.
Este psiquiatra también figuraba como miembro del consejo editorial de una revista académica pro-pedofilia llamada Paidika, que se imprimió de 1987 a 1995. En dos ediciones, en las revistas de 1993 y 1994, apareció su investigación sobre las “experiencias sexuales de menores”.
El artículo y la tesis de Sandfort de 1988, “La importancia de la experiencia: sobre los contactos sexuales en la primera infancia y el comportamiento y la experiencia sexuales más adelante en la vida” (Het belang van de ervaring) es citado por Burns como prueba de que las interacciones sexuales entre adultos y menores pueden ser “beneficiosas”.
Según Burns, a raíz de un caso criminal ampliamente difundido sobre secuestros pedófilos y asesinatos de criaturas en Bélgica en 1996, Sandfort comenzó a recibir amenazas de muerte y pasó a vivir en la clandestinidad por recomendación de la policía.
Sin embargo, Burns olvidó mencionar que, para su investigación, Sandfort había reclutado hombres entre los miembros de los múltiples grupos de presión pedófilos que existían en los Países Bajos en aquellos tiempos.
“¿Por qué … los pedófilos, al igual que otros seres humanos con preferencias sexuales pervertidas, no pueden tener derecho a expresar sus deseos sexuales?”, escribió Sandfort, al tiempo que condenaba como “dictador moral” al movimiento feminista por su postura contra el abuso sexual infantil y la pornografía.
Según el sociólogo holandés, antiguo profesor de la Universidad de Amsterdam, y académico a favor de la pedofilia Gert Hekma, la tesis de Sandfort concluía que “los contactos sexuales voluntarios de la juventud antes de cumplir los 16 años con adultos tenían en general una influencia positiva en su vida sexual posterior … Aprendieron de estas relaciones y estaban contentos con ellas. Tenían menos miedo al sexo y les gustaba más la lujuria”.
Sin embargo, este no fue el único caso en el que Sandfort expresó inclinaciones pro-pedófilas, sino que tiene un amplio historial de publicaciones e investigaciones favorables a la pedofilia. Cuando aún vivía en los Países Bajos, este psicólogo y sexólogo escribió varios textos académicos sobre el tema de las relaciones sexuales entre adultos y menores.
En 1983, Sandfort escribió un artículo para Juventud y Sociedad (Jeugd en Samenleving) titulado “Momentos eróticos en el trabajo con menores”, un estudio a pequeña escala de los deseos sexuales de cinco adultos que dirigían grupos de menores a su cargo. Estos hombres describieron el placer sexual que les producía trabajar con menores, específicamente cuando hacían ejercicio juntos, cuando bañaban a las criaturas o las sostenían en su regazo. Un hombre, identificado como “Lex”, habló de excitarse cuando “hacía cosquillas” en ropa interior a criaturas de “2 o 3 años” y cuando luego les tocaba los genitales a las y los pequeños.
Ese mismo año se publicó un estudio de Sandfort que presentaba de forma positiva las relaciones sexuales entre adultos y criaturas. “Relaciones pedófilas en los Países Bajos: ¿Estilo de vida alternativo para los menores?”concluía que “la pareja de una relación y la relación en sí, incluidos los aspectos sexuales, se vivían en términos predominantemente positivos; no había pruebas de explotación o uso indebido”.
Del mismo modo, la publicación de Sandfort de 1987, “Boys on Their Contacts with Men” (“Niños y su contacto con hombres”), presentaba un estudio de 25 niños de entre 10 y 16 años involucrados en relaciones sexuales con hombres adultos.
“Jóvenes y adolescentes se sienten atraídos por la forma en que sus amantes mayores los tratan como iguales”, escribió Money, antes de afirmar que el libro “constituye ese muro sobre y alrededor del cual se pueden construir más”.
En 1991, Sandfort coeditó una recopilación de ensayos en defensa de la pedofilia titulada Intimidad Intergeneracional Masculina. Una introducción co-escrita por Sandfort, “Relaciones hombre-niño: diferentes conceptos para una diversidad de fenómenos”, dice:
“Es difícil predecir el futuro con respecto a las relaciones hombre-niño, la sexualidad infantil, la posición de los menores en nuestra sociedad. ¿Se convertirá la pedofilia en un estilo de vida para algunas personas, basado en su orientación sexual personalmente diseñada? ¿Permitirá la sociedad que la gente adopte ese estilo de vida, o persistirá en verla sólo como pederastia?
¿Puede concebirse la participación sexual entre adultos y menores únicamente como abuso sexual infantil, o llegarán los profesionales y el público a darse cuenta de que hay varios tipos de relación íntima entre adultos y menores y que se pueden hacer distinciones entre la participación voluntaria y la participación forzada?”
El libro está compuesto por los escritos de más de una docena de activistas pro-pedofilia, incluido un ensayo de David Thorstad, fundador de la North American Man-Boy Love Association (NAMBLA, Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños), y Edward Brongersma, un político holandés que abogó por rebajar la edad de consentimiento en los Países Bajos con un enfoque específico en las relaciones sexuales entre hombres adultos y niños.
En 2020, después de que reaparecieran sus anteriores escritos a favor de la pedofilia, la Administración de Servicios para la Infancia de la ciudad de Nueva York emitió una declaración pública cortando todos los lazos con Sandfort, que había estado trabajando con jóvenes de 13 a 21 años en acogida para realizar encuestas.
La agencia de bienestar infantil gastó aproximadamente 416,000 dólares (380.000 euros) en fondos públicos y privados durante un período de cinco años para el proyecto de encuesta dirigido por Sandfort.
La portavoz de la Administración de Servicios para la Infancia (ACS), Marisa Kaufman, declaró: “La Ciudad de Nueva York tiene una tolerancia cero con la pedofilia. La salud, la seguridad y el bienestar de los menores es nuestra principal prioridad, y aquellos que ponen en peligro a los menores son contrarios a los valores de nuestra ciudad. Nuestro trabajo con el Dr. Sandfort comenzó hace más de cinco años y la actual dirección de ACS no estaba al tanto de estos pasados escritos hasta después de que se publicaran los resultados de la encuesta. ACS ha cortado todos los lazos con el Dr. Sandfort”.
Otro texto académico citado por Burns como prueba adicional de la supuesta naturaleza inofensiva de los encuentros sexuales entre adultos y menores es el libro de 2002 Harmful to Minors: The Perils of Protecting Children from Sex (Perjudicial para Menores: Los Peligros de Proteger a la Infancia del Sexo), publicado por University of Minnesota Press y escrito por Judith Levine.
En Harmful to Minors, Levine argumenta en contra de la “protección perjudicial” de los y las menores de la sexualidad, critica los argumentos feministas contra la pornografía y resta importancia a las consecuencias físicas y emocionales del abuso sexual infantil.
“Los pedófilos no suelen ser violentos, a menos que se use el término violencia sexual contra la infancia en un sentido moral, en vez de literal”, escribe Levine. “Los que la cometen rara vez usan la fuerza o causan lesiones físicas a una criatura”.
El libro de Levine finalmente concluye: “El sexo no es perjudicial para la infancia. Es un vehículo para el autoconocimiento, el amor, la curación, la creatividad, la aventura y los intensos sentimientos de vitalidad. Hay muchas maneras en que incluso los más pequeños pueden participar en él”.
Es significativo que Levine cite como una influencia en su trabajo la perspectiva del abogado Lawrence Allen Stanley, quien, a lo largo de su carrera, defendería a hombres en posesión de material de abuso sexual infantil. Los propios escritos de Stanley sobre este tema, un artículo titulado “La histeria sobre la pornografía infantil y la pedofilia”, fueron publicados por primera vez por la revista pro-pedofilia Paidika, y posteriormente reproducidos para la revista Playboy.
En junio de 2002, Stanley fue detenido en Brasil con más de 1.000 fotografías y más de 100 videos de niñas de 8 a 14 años en bañador y ropa interior. Stanley había montado bajo un seudónimo un negocio de venta de pornografía infantil en internet de niñas brasileñas menores de edad.
El ex abogado, que parece haber formado parte del comité directivo de la Asociación Norteamericana de Amor Entre Hombres y Niños (NAMBLA), también tenía antecedentes penales: en 1998, un tribunal holandés condenó a Stanley en rebeldía por abusos sexuales a tres criaturas de entre 7 y 10 años, tras lo cual, huyó a Brasil.
Burns, en su reciente artículo para The Archives of Sexual Behavior, defiende a Levine y las ideas presentadas en su libro sobre “la sexualidad infantil”, diciendo que “se necesita una educación sexual más honesta, reconociendo a las criaturas como seres sexuales y protegiéndolas de quienes las protegen del sexo”. Según Burns, Levine y el libro se convirtieron rápidamente en “el blanco de una feroz tormenta mediática”, un incidente que, según él, pasa por alto “los resultados de la investigación que demuestran que las relaciones sexuales entre jóvenes y adultos no siempre son abusivas y perjudiciales”.
Burns está detrás de varias páginas web, incluida una página personal en la que se describe a sí mismo como un “físico y empresario tecnológico pionero en el desarrollo de ordenadores personales en los años 80 e impresoras 3D en los 90″. Burns aparece en la página web de la Sociedad de Estudiantes de Física como licenciado en Ciencias por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y doctorado por la Universidad de Texas.
Otra de las páginas que gestiona se llama “Consenting Juveniles” (“Jóvenes que consienten”), donde intenta argumentar que los jóvenes son castigados injustamente por encuentros sexuales con sus pares debido a las leyes de estupro. En la página de inicio del sitio, muestra fotos de celebridades con parejas que aún eran menores de edad cuando se conocieron, como Elvis y Pricilla Presley. Pricilla tenía 14 años cuando comenzó su relación con la estrella de rock de 24 años.
El sitio web también hace alarde de una serie de “estudios de casos” que Burns utiliza para argumentar que la actividad sexual infantil no es inherentemente perjudicial, utilizando citas de víctimas de abuso sexual infantil que afirman que su experiencia fue positiva. Uno de los sujetos, un hombre gay llamado “Larry”, declaró que comenzó a perseguir a hombres adultos a los 7 años.
“Perseguí activamente amantes masculinos desde los 7 u 8 años. Me gustaban mucho los hombres mayores, pero ninguno me quería. Debido a que los deseaba tan profundamente y sé que ellos me deseaban a mí, y mirando culturas pasadas, no creo que sea completamente malo”, dice en su página.
En otro “estudio de caso”, Burns recurre a la autobiografía del periodista británico Tom Driberg, quien relató haberse excitado sexualmente al acariciar los genitales de su hermano a la edad de dos o tres años.
Otro sitio web de Burns, SOL Research, se creó ostensiblemente “para proporcionar información objetiva sobre las leyes sexuales y sus efectos en las personas y la sociedad”, pero presenta argumentos en contra de la utilidad de los registros de delincuentes sexuales.
Pero quizás lo más inquietante es que Burns fue invitado a hacer una presentación sobre el tema, “Consenting Juveniles: First-hand Accounts of Sex for Fun or Love” (“Jóvenes que Consienten: Relatos de primera mano sobre sexo por diversión o amor”) en una conferencia organizada por el ex presidente de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH), Eli Coleman.
En 2015, Burns asistió a un evento organizado por Coleman y los profesores del Programa de Sexualidad Humana de la Universidad de Minnesota, encabezado por la Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas de Sexualidad (AASECT), un grupo que proporciona “terapia sexual” y promueve el concepto de identidad de género de John Money.
El programa de Sexualidad Humana de la universidad ha recibido financiación del multimillonario hombre que se dice trans Jennifer Pritzker, a través de su organización filantrópica, la Fundación Tawani, que ha invertido millones de dólares en esfuerzos de presión transgénero.
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The American Civil Liberties Union in Indiana has filed a lawsuit against the state’s Department of Corrections after a trans-identified male inmate convicted of murdering his infant stepdaughter was denied “gender affirming” surgeries.
The suit, which was filed on August 28, challenges a recently-adopted policy stipulating that the Indiana Department of Corrections (IDOC) cannot provide transgender surgeries to inmates. House Bill 1569, which took effect July 1, bans the spending of state or federal dollars on sexual reassignment surgery for inmates.
According to the complaint, the ACLU is accusing the state of “deliberate indifference to a serious medical need,” arguing that “gender affirming surgeries” are a “medical necessity” for some inmates. The ACLU also states that the policy “discriminates … in violation of the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment.”
The ACLU brought the case against the state on behalf of a transgender inmate currently serving a 55-year sentence for the horrific murder of his stepdaughter.
Jonathan C. Richardson. Photo Courtesy of the Indiana Department of Corrections.
Autumn Cordellioné, also known as Jonathan C. Richardson, was arrested in 2001 after his 11-month-old stepdaughter died in his care while her mother was at work.
According to court records seen by Reduxx, Richardson was visited by friends that night who observed he was “acting strangely” and refused to invite them in the house as he normally would.
Despite claiming the little girl was sleeping, Richardson had loud music playing in the home, and his guests noted that he appeared to have a fresh, bleeding tattoo of the child’s name carved into his arm.
Later that night, after his friends left, Richardson went to his neighbor and asked him to call 911, claiming the child was unresponsive. When emergency personnel arrived, they were briefly able to resuscitate the girl, but she died shortly after being rushed to the hospital.
Richardson was interviewed by police, who noted he was “calm and unemotional” during questioning, and his story about what happened to the baby changed dramatically over the course of the two interviews conducted.
At first, Richardson claimed he found the baby unresponsive after doing some household chores. But in the next interview, Richardson said the child was being “fussier than usual” and he attempted to throw her up in the air repeatedly in an effort to calm her down. He said her “head bopped forward and back up in a rough type of a manner,” and that the child continued to cry so he proceeded to shake her aggressively in an effort to calm her down.
During a failed appeals hearing, detectives from the case recounted how Richardson “physically showed” how he had manhandled the girl, getting up out of his chair and demonstrating the action in a rough manner.
An autopsy subsequently found that the baby had died of asphyxiation by manual strangulation.
Richardson was booked awaiting a court hearing, and would later tell a prison official “all I know is I killed the little fucking bitch.”
Richardson was found guilty and sentenced to 55 years in prison for the horrific crime.
According to the ACLU’s legal complaint, Richardson began identifying as transgender in 2020 and had been receiving testosterone suppressants and feminizing hormones. But the medications have not reportedly relieved fully Richardson’s “debilitating symptoms of gender dysphoria.”
Using “she/her” pronouns to refer to Richardson, the ACLU’s filing reads: “Accordingly, at this point gender-affirming surgery is necessary so that her physical identity can be aligned with her gender identity.”
Despite only having begun to identify as transgender in 2020, the ACLU claims that Richardson has “identified as a female” since he was 6 years old.
From the ACLU’s legal complaint.
In addition to hormones, Richardson has been receiving ample accommodations from the IDOC, including being given bras, makeup, panties, and “form-fitting clothing.”
Richardson is currently incarcerated at a men’s facility.
This is not the first time the ACLU has attempted to intervene to protect the gender identity of a violent transgender inmate.
Duane Owen, who was executed on July 15, had been handed a death sentence after brutally murdering a 38-year-old mother and a 14-year-old girl in 1984. During court proceedings, Owen claimed that he sexually assaulted women as part of a ritual to harvest their hormones, and that he was a transsexual who carried out the sexual violence to “turn himself into a female.”
On June 16, the ACLU, through their official X (formerly Twitter) account, lambasted the state of Florida for refusing to provide “medically necessary gender-affirming care” to Owen. Using feminine pronouns to refer to Owen, the ACLU claimed the state had caused Owen “enormous suffering” and had violated “her right to be free from cruel and unusual punishment for the more than 30 years she was in state custody.”
Earlier this year, Reduxx exclusively revealed that the ACLU in New Jersey had represented a transgender diaper fetishist in a case that would ultimately result in male inmates being transferred to the state’s women’s prison.
In August of 2019, the American Civil Liberties Union of New Jersey (ACLU-NJ) filed a lawsuit against the state Department of Corrections on behalf of Danielle Demers but protected his identity. The suit argued that a “woman” named “Sonia Doe” had been “imprisoned for the past seventeen months in men’s prisons,” a situation that was said to constitute “cruel and unusual punishment.”
In June of 2021, the state of New Jersey reached a settlement with the ACLU-NJ and agreed to adopt major reforms to prison policies which would allow housing according to a self-declared and subjective ‘gender identity’ rather than on biological sex. The policy has since resulted in multiple extremely violent male offenders being transferred to the Edna Mahan Correctional Facility for women.
According to testimonies provided to Reduxx from women incarcerated at Edna Mahan Correctional Facility for Women (EMCF), among the first men to be transferred to the prison after Demers and the ACLU-NJ were victorious in their lawsuit was a convicted killer who had beaten a prostituted woman to death and drank her blood.
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Una hermandad de mujeres de la Universidad de Wyoming se verá obligada a admitir a un hombre que se dice trans de 1.88 m (6’2) después de que el Tribunal Federal de Distrito rechazara una demanda presentada por seis de las miembros. Las mujeres de Kappa Kappa Gamma (KKG) demandaron a la dirección nacional de su hermandad tras expresar su incomodidad con la presencia de Artemis Langford.
A pesar de escuchar el testimonio de las mujeres, algunas de las cuales declararon que Langford las había “observado” desnudarse mientras tenía una erección, el juez Alan Johnson desestimó el caso de Westenbroek v. Kappa Kappa Gamma Fraternity el 25 de agosto. Johnson declaró que redefinir la palabra “mujer” para incluir a los hombres era “un derecho fundamental de Kappa Kappa Gamma como organización privada y voluntaria, que este Tribunal no puede invadir”.
En su decisión, Johnson escribió: “El capítulo de la Universidad de Wyoming votó por admitir, y, más ampliamente, una hermandad de cientos de miles admitió a Langford. Con su investigación comenzando y terminando ahí, el Tribunal no definirá hoy “mujer”. El delegado de una organización privada y voluntaria interpretó la palabra “mujer”, que por lo demás no está definida en los estatutos de la organización sin ánimo de lucro, de manera amplia; este juez no puede invadir la libertad de asociación expresiva de Kappa Kappa Gamma e inyectar la definición delimitada que piden las demandantes”.
Si bien los estatutos de KKG establecen que “un nuevo miembro debe ser una mujer”, el juez Johnson encontró que ningún estatuto definía “mujer”. Johnson también citó una Guía de 2018 para apoyar a nuestros miembros LGBTQIA + que dice: “Kappa Kappa Gamma es una organización de un solo género compuesta por mujeres e individuos que se identifican como mujeres cuyos estatutos no discriminan en la selección de miembros, excepto al requerir ser buena estudiante y tener un carácter ético”.
Langford fue admitido en KKG el pasado septiembre tras los resultados de una votación, posibilitada por el lenguaje presentado en la guía de “inclusividad” de la hermandad. Sin embargo, no todas las mujeres se mostraron satisfechas con la decisión, y algunas alegaron que se habían sentido presionadas para aceptarlo en contra de su voluntad.
El año pasado, una miembro de la hermandad de mujeres declaró que se les había prometido el anonimato en el proceso de votación, pero luego se les exigió que se identificaran en el formulario de votación en línea. Esto hizo que las mujeres se sintieran “intimidadas” a la hora de expresar sus preocupaciones sobre la entrada de un hombre en la hermandad.
County parties across Wyoming have been holding elections and welcoming new leadership! We are so grateful to these awesome humans willing to dedicate their time to making their county & state a better place! pic.twitter.com/WdgqArPW65
En una reunión celebrada para debatir la posible candidatura de Langford, las líderes de la sección de KGG, incluidas la presidenta y la directora de afiliación, supuestamente desestimaron las preocupaciones de las mujeres que expresaron su malestar.
“Independientemente de cuáles sean tus puntos de vista políticos, nuestros valores Kappa son la aceptación y la amabilidad, así que si no estás de acuerdo con eso, no estás en consonancia con los valores Kappa”, dijo una de las miembros.
Otra miembro supuestamente dijo: “Si votas no, es mejor que sea por problemas con ese nuevo miembro o de lo contrario es homofóbico”. La fuente declaró a National Review que los comentarios de las líderes de KKG restaban importancia a las preocupaciones que tenían las mujeres sobre compartir residencia con Langford: “Si tus únicas preocupaciones son que [ella] viva en la casa, está pensando demasiado más allá”, supuestamente se dijo, y, “Si tienes algo que decir sobre esto que no sea amable o respetuoso, guárdatelo”.
Como miembro de Kappa Kappa Gamma, Langford, que mide casi 1.90 m (6’2) y pesa aproximadamente 118 kgs (260 libras), tiene acceso a la casa de hermandad KKG, que tiene capacidad para 50 mujeres.
Aunque Langford residía en otro lugar en el momento de la primera denuncia, las mujeres alegaron que con frecuencia se sentaba en la zona común del segundo piso y se le había descubierto observando a las mujeres en múltiples ocasiones.
“Una miembro de la hermandad iba por el pasillo para ducharse, envuelta en una toalla … Sintió una presencia incómoda, se volvió y vio a Langford mirándola en silencio”, dice el documento judicial.
“[Langford] tenía, mientras observaba a las miembros entrar en la casa de la hermandad, una erección visible a través de sus leggings”, dice la demanda. “Otras veces, se ponía una almohada en el regazo”.
Como demuestra su perfil de Tinder, Langford está “sexualmente interesado en mujeres”. Se afirmó además en la demanda que Langford tomó fotografías de las chicas cuando estaba en una fiesta de pijamas de una hermandad, donde también se dice que hizo comentarios inapropiados.
“[Él] preguntó repetidamente a las mujeres sobre el aspecto de las vaginas, el tamaño de sujetador, si estaban considerando reducciones de senos y métodos anticonceptivos”, decía la demanda.
En otra ocasión, Langford “se suponía que” debía abandonar una fiesta de pijamas de la hermandad a las 10 de la noche, pero no lo hizo, diciendo que tenía la intención de irse cuando las mujeres se quedaran dormidas. Después de cantar para sí mismo, aproximadamente a las 11 p.m., Langford finalmente salió de la residencia a medianoche, para regresar a la mañana siguiente.
En aquel momento, se afirmaba que Langford permaneció en silencio en un rincón de la habitación mientras observaba cómo otras aspirantes se cambiaban la ropa de dormir.
También se dijo que en diciembre de 2022 se sentó en la parte de atrás de una clase de yoga de una hermandad durante una hora “y observó cómo las jóvenes reunidas flexionaban el cuerpo”. Langford ha negado estas acusaciones.
Siete mujeres presentaron inicialmente la demanda contra la dirección de KKG en marzo, aunque una de ellas se retiró del litigio después de que se les dijera que no se podía proteger su identidad.
En mayo, un juez prohibió en dos ocasiones a las mujeres presentar una demanda de forma anónima, al tiempo que estipulaba que la identidad de Langford debía permanecer oculta. Al principio, se hacía referencia a Langford en las actas judiciales con el seudónimo “Terry Smith” y con pronombres masculinos. Seis de las mujeres volvieron a presentar la demanda bajo sus propios nombres, y solicitaron que el tribunal anulara la afiliación de Langford a KKG.
La abogada Cassie Craven, que representa a las mujeres, argumentó que el “acceso y la presencia de Langford en la casa de la hermandad viola el contrato de alojamiento” que las mujeres habían acordado firmar.
“Es realmente incómodo. Algunas de las chicas han sido agredidas o acosadas sexualmente. Algunas chicas viven con miedo constante en nuestra casa”, dijo una de las miembros de la hermandad a Megyn Kelly durante una entrevista en su podcast en mayo.
A pesar de ello, el juez Johnson discrepó, afirmando que la situación de alojamiento de las mujeres y sus contratos no eran objeto del litigio.
“Las demandantes alegan que KKG violó sus contratos de alojamiento al permitir que mujeres transgénero vivieran en la sede de la hermandad en violación de los documentos rectores de KKG. Una vez más, sin embargo, las demandantes no citan al Tribunal ningún incumplimiento explícito dentro de los contratos de alojamiento”, afirma el fallo.
Los abogados que representan a Kappa Kappa Gamma habían descrito previamente la demanda como un intento de “una minoría ruidosa” de imponer sus creencias personales a costa de Langford y la hermandad.
En junio, la hermandad presentó una moción para desestimar la demanda, calificándola de un intento “frívolo” de expulsar a Langford para “sus propios fines políticos”. Según la moción, las mujeres demandantes están arrojando “lodo deshumanizante” para “intimidar a la Sra. Langford en el escenario nacional”.
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“Quizás los mayores agravios en este caso no son los que las demandantes y sus partidarios imaginan que han sufrido, sino los que han infligido con su conducta desde la presentación de la demanda”, escribieron. “Independientemente de las opiniones personales sobre los derechos de las personas transgénero, la crueldad que las demandantes y sus partidarios han mostrado hacia Langford y a las personas de Kappa que apoyan a Langford es inquietante”.
La semana pasada, el medio local Wyofilepublicó un perfil favorable a Langford e intentó presentar las objeciones de las mujeres a su presencia en la casa de hermandad como homófobas, afirmando que su declarado interés sexual por mujeres lo calificaba de “gay”.
El artículo también revelaba que Langford se había unido a la organización Alianza de Géneros y Sexualidades de su instituto cuando era estudiante de primero en Lander Valley High School. Cuando aún era estudiante, Langford comenzó a declarar una condición transgénero, una cuestión que dividió a sus padres y, según se dio a entender, contribuyó a su decisión de divorciarse.
“La demanda contra Artemis es horrible, falsa y causa daño a Artemis y otras personas trans”, dijo la abogada de Langford, Rachel Berkness, a Wyofile.
“La realidad es que esta demanda se está utilizando como clickbait para que los abogados de las demandantes puedan recaudar dinero a expensas de un estudiante amable y maravilloso de nuestra comunidad”, dijo la abogada de Langford a Wyofile. “Espero que la gente mire hacia atrás a este caso de la misma manera que mira hacia atrás a otros ataques contra miembros de grupos minoritarios en nuestra historia, como vergonzoso y como algo que no somos”.
Como ya reveló Reduxx (artículo en español), el nombre real de Artemis Langford es Dallin, y comenzó a identificarse como transgénero mientras participaba en simulacros de micronaciones en el instituto.
Según una entrada de la wiki de micronaciones, “El 11 de junio de 2017, Dallin Langford anunció a la comunidad de micronaciones que era transgénero y se le dio un cambio de nombre a Artemis Langford como reflejo de esta revelación. El Reinado se convirtió en Reinada y el Rey en Reina”.
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A leading academic journal has published an article questioning the need for age of consent laws and claiming that discussions of “youth sexuality” are unjustly hindered by “cancel culture.” The author, Marshall Burns, is a physicist and technology entrepreneur who was involved in the development of the early computer industry and operates a website titled “Consenting Juveniles.”
In his article, which was published in the Archives of Sexual Behavior in June and titled “The Elephant in the Room: Youth Sexuality,” Burns argues that “sexual relations between youths and adults” is wrongfully seen as a contentious issue in society.
Marshall Burns Source: consentingjuveniles.com
“The Archives of Sexual Behavior special section on cancel culture is an important reference on a dangerous phenomenon taking place in front of us. Yet the section omits discussion of the primary cancellation issue that arguably helped set the stage for what we face today and that remains the most lightning-rod subject of all,” Burns writes.
“It ignores the elephant in the room: youth sexuality, and in particular, discussions of sexual relations between youths and adults without an a priori assumption of abuse and harm.”
In the article, Burns presents a selection of previous academic publications alongside reactions in order to highlight what he portrays as examples of cancel culture in action. The first incident he provides describes criticism leveled against Dutch-American, Columbia-affiliated academic and LGBT activist Theo Sandfort, who, Burns says, found that sexual relationships between adults and minors are “mostly harmless.”
Prior to relocating to Columbia University, Theo Sandfort received a PhD in Clinical Psychology from Utrecht University in the Netherlands. He was also the Chairman of the Interfaculty Department of Lesbian and Gay Studies at Utrecht University and Director of the Research Program “Diversity, Lifestyles and Health” at the Netherlands Institute of Social Sexological Research.
Sandfort served as President of the International Academy of Sex Research and the Dutch Society of Sexology, and was a fellow with the American Psychological Association (APA). In 2008, he received the John Money Award from the Society of the Scientific Study of Sexuality for his work.
The psychiatrist was also listed as an editorial board member of an academic pro-pedophilia journal called Paidika, which was printed from 1987 to 1995. Two editions, in the 1993 and 1994 magazines, featured his research on the “sexual experiences of children”.
Sandfort’s 1988 paper and dissertation, “The importance of the experience: about sexual contacts in early childhood and sexual behavior and experience later in life,” (Het belang van de ervaring) is cited by Burns as evidence that adult-child sexual interactions can be “beneficial”.
According to Burns, in the wake of a widely publicized criminal case involving the pedophilic abductions and murders of children in Belgium in 1996, Sandfort began to receive death threats and went into hiding on recommendation from the police.
However, Burns neglected to mention that, for his research, Sandfort had reportedly recruited men from among members of the multiple pedophilia lobbying groups in the Netherlands at that time.
“Why… should pedophiles, just as other humans with deviant sexual preferences, not have the right to express their sexual desires?” wrote Sandfort, while condemning as “moral dictator” the feminist movement for its stance against child sexual abuse and pornography.
According to Dutch sociologist, former professor at the University of Amsterdam, and pro-pedophilia academic Gert Hekma, Sandfort’s dissertation concluded that “voluntary sexual contacts of youngsters before they turned 16 years with adults had in general a positive influence on their later sexual life… They learned from these relations and were content with them. They were less afraid for sex and liked lust better.”
Yet this was not the only instance where Sandfort expressed pro-pedophile leanings – rather, he has an extensive history of publishing writings and research sympathetic to pedophilia. While still living in the Netherlands, the psychologist and sexologist penned several academic texts on the topic of adult-child sexual relationships.
In 1983, Sandfort authored an article for Youth and Society (Jeugd en Samenleving) titled “Erotic moments in working with children”, a small-scale study of sexual desires among five adult group leaders for the children in their care. The men described deriving sexual pleasure from working with children, specifically when exercising together, bathing the children, or holding them on their laps. One man, identified as “Lex,” spoke of being aroused while “tickling” children aged “2 or 3,” wearing only his underwear, and proceeding to touch the toddlers’ genitals.
That same year, a study by Sandfort was published that positively portrayed adult-child sexual relationships. “Pedophile relationships in the Netherlands: Alternative lifestyle for children?” concluded that “the partner and relationship, including sexual aspects, were experienced in predominately positive terms; evidence of exploitation or misuse was absent.”
Similarly, Sandfort’s 1987 publication, “Boys on Their Contacts with Men,” presented a study of 25 boys between the ages of 10 and 16 involved in sexual relationships with adult men.
Sexologist and psychologist Dr. John Money, known for having coined the term “gender identity” – as well as his disturbing medical experiments on children, authored a foreword for Sandfort’s book, praising the text as having “great scientific merit.”
“Juveniles and teenagers are attracted to the way their older lovers treat them as equals,” wrote Money, before asserting that the book “constitute[s] that one wall on and around which more may be built.”
In 1991, Sandfort co-edited a compilation of essays defending pedophilia titled Male Intergenerational Intimacy. An introduction co-authored by Sandfort, “Man-Boy Relationships: Different Concepts for a Diversity of Phenomena,” reads:
“It is difficult to predict in the future with respect to man-boy relationships, child sexuality, the position of children in our society. Will pedophilia become a lifestyle for some people, based on their personally designed sexual orientation? Will society allow people to adopt such a lifestyle, or will society persist in seeing them only as child molesters?
Can sexual involvement between adults and children be only conceived as child sexual abuse, or will the professionals and the public come to realize that there are various kinds of intimate involvement between adults and children and that distinctions between voluntary involvement and forced involvement can be made?”
The book is composed of the writings of over a dozen pro-pedophilia activists, including an essay by David Thorstad, the founder of the North American Man-Boy Love Association (NAMBLA), and Edward Brongersma, a Dutch politician who advocated for lowering the age of consent in the Netherlands with a specific focus on sexual relations between adult men and boys.
In 2020, after his previous pro-pedophile writings resurfaced, New York City’s Administration for Children’s Services issued a public statement cutting all ties with Sandfort, who had been working with foster youth aged 13 to 21 in order to conduct surveys.
The child welfare agency spent roughly $416,000 in public and private funds over a period of five years for the survey project led by Sandfort.
The Administration for Children’s Services (ACS) spokesperson Marisa Kaufman stated, “The City of New York has zero tolerance for pedophilia. The health, safety, and well-being of children is our top priority, and those who endanger children are contrary to the values of our city. Our work with Dr. Sandfort began over five years ago and current ACS leadership was not aware of these previous writings until after the survey findings were released. ACS has severed all ties with Dr. Sandfort.”
Another academic text cited by Burns as further evidence of the supposed harmless nature of adult-child sexual encounters is the 2002 book Harmful to Minors: The Perils of Protecting Children from Sex, published by the University of Minnesota Press and written by Judith Levine.
In Harmful to Minors, Levine argues against “harmful protection” of children from sexuality, criticizes feminist arguments against pornography, and downplays the physical and emotional consequences of child sexual abuse.
“Pedophiles are not generally violent, unless you are using the term sexual violence against children in a moral, rather than a literal way,” Levine writes. “Its perpetrators rarely use force or cause physical injury in a youngster.”
Levine’s book ultimately concludes: “Sex is not harmful to children. It is a vehicle to self-knowledge, love, healing, creativity, adventure, and intense feelings of aliveness. There are many ways even the smallest children can partake in it.”
Significantly, Levine cites as an influence in her work the perspective of attorney Lawrence Allen Stanley, who, during the course of his career, would defend men in possession of child sexual abuse materials. Stanley’s own writing on this topic – an article titled “The Hysteria Over Child Pornography and Paedophilia” – was first published by the pro-pedophilia journal Paidika, then later reproduced for Playboy magazine.
In June 2002, Stanley was arrested in Brazil, found in possession of more than 1,000 photographs and more than 100 videos of young girls ages 8 to 14 years old in swimsuits and underwear. Stanley had built up a business selling child pornography involving underage Brazilian girls online using a pseudonym.
The former attorney who was said to have been on the steering committee for the North American Man-Boy Love Association (NAMBLA) also had a prior criminal record: in 1998, a Dutch court convicted Stanley in absentia for sexual abuse of three children ages 7 to 10, after which, he fled to Brazil.
Burns, in his recent article for The Archives of Sexual Behavior, defends Levine and the ideas presented in her book about “children’s sexuality,” saying that it has “called for more honest sex education, acknowledging children as sexual beings, and protecting them from those who protect them from sex.” According to Burns, Levine and the book swiftly became “the targets of a vicious media firestorm,” an incident that he says neglects “research findings that sexual relations between youths and adults are not always abusive and harmful.”
Another site he operates is called “Consenting Juveniles,” where he attempts to argue that young people are unfairly punished for sexual encounters with their peers due to statutory rape laws. On the homepage of the site, he features photos of celebrities with partners who were still minors when they met — such as Elvis and Priscilla Presley. Priscilla was 14 when she began a relationship with the 24-year-old rockstar.
The website also boasts a number of “case studies” Burns uses to argue that childhood sexual activity is not inherently harmful, using quotes from child sexual abuse victims who claim their experience was positive. One of the subjects, a gay man named “Larry,” stated he began pursuing adult men from the age of 7.
“I actively pursued male lovers from the age of 7 or 8. I really liked older men but none would have me. Because I desired them so deeply and know they desired me, and looking at past cultures, I don’t believe it’s absolutely wrong,” he says on his page.
In another “case study,” Burns pulls from the autobiography of British journalist Tom Driberg, who recounted becoming sexually aroused when fondling his brother’s genitals at age two or three.
Yet another website belonging to Burns, SOL Research, was ostensibly established “to provide factual information about sex laws and their effects on people and society,” but makes arguments against the usefulness of sex offender registries.
But perhaps most disturbingly, Burns was invited to present on the topic, “Consenting Juveniles: First-hand Accounts of Sex for Fun or Love” at a conference attended by the former president of the World Professional Association for Transgender Health (WPATH), Eli Coleman.
In 2015, Burns presented at an event organized by the American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT), a group which provides “sex therapy” and promotes John Money’s concept of a gender identity. AASECT maintains a close relationship with the University of Minnesota Program in Human Sexuality, where professor emeritus and past WPATH president Eli Coleman had previously led the Program in Human Sexuality at the University of Minnesota.
The university’s program in Human Sexuality has received funding from multi-millionaire trans-identifying male Jennifer Pritzker, through his philanthropic organization the Tawani Foundation, which has poured millions of dollars into transgender lobbying efforts.
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A sorority at the University of Wyoming will be forced to accommodate a 6’2 trans-identified male after the federal District Court rejected a suit brought by six of the female members. Women from Kappa Kappa Gamma (KKG) sued the national leadership of their sorority after expressing discomfort with the presence of Artemis Langford.
Despite hearing testimony from the women, some of whom stated Langford had “watched” them undress with an erection, Judge Alan Johnson dismissed the case of Westenbroek v. Kappa Kappa Gamma Fraternity on August 25. Johnson stated that re-defining “woman” to include males was “Kappa Kappa Gamma’s bedrock right as a private, voluntary organization — and one this Court may not invade.”
In his decision, Johnson wrote: “The University of Wyoming chapter voted to admit — and, more broadly, a sorority of hundreds of thousands approved — Langford. With its inquiry beginning and ending there, the Court will not define ‘woman’ today. The delegate of a private, voluntary organization interpreted ‘woman’, otherwise undefined in the non-profit’s bylaws, expansively; this Judge may not invade Kappa Kappa Gamma’s freedom of expressive association and inject the circumscribed definition Plaintiffs urge.”
While the KKG bylaws state that “a new member shall be a woman,” Judge Johnson found that no bylaw defined “woman.” Johnson also cited a 2018 Guide for Supporting our LGBTQIA+ Members which states: “Kappa Kappa Gamma is a single-gender organization comprised of women and individuals who identify as women whose governing documents do not discriminate in membership selection except by requiring good scholarship and ethical character.”
Langford was admitted to KKG last September following the results of a vote, enabled by the language put forward in the sorority’s “inclusivity” guide. However, not all of the women were pleased with the decision, with some alleging that they had felt pressured into accepting him against their will.
Last year, one sorority member came forward to state that the women were initially promised anonymity in regards to the voting process, only to then be required to identify themselves on the online ballot form. This resulted in women feeling “intimidated” with voicing their concerns about a male entering the sorority.
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In a meeting held to discuss Langford’s potential candidacy, KKG chapter leaders, including the president and membership chair, allegedly dismissed the concerns of women who expressed discomfort.
“Regardless of what your political views are, our Kappa values are acceptance and kindness so if that is something that you disagree with, that’s not in line with Kappa values,” one member allegedly said at the time.
Another member is reported to have said that “if you vote no, it better be for issues with that new member or else it’s homophobic.” The source told the National Review that comments made by KKG leaders downplayed worries women had about sharing a residence with Langford: “If your only concerns are about her living in the house, you are thinking too far down the road,” and “if you have something to say about this that isn’t kind or respectful, keep it to yourself.”
As a member of Kappa Kappa Gamma, Langford, who is 6’2 and weighs approximately 260 pounds, is granted access to the KKG sorority house, which accommodates up to 50 women.
Though Langford had been residing elsewhere at the time of the first filing, women alleged that he would frequently sit in the second-floor common area and had been observed watching the women on multiple occasions.
According to court records, Langford had been voyeuristically peeping on the women while they were in intimate situations, and, on at least one occasion, had a visible erection while doing so.
“One sorority member walked down the hall to take a shower, wearing only a towel … She felt an unsettling presence, turned, and saw [Langford] watching her silently,” the court document reads.
“[Langford] has, while watching members enter the sorority house, had an erection visible through his leggings,” the suit says. “Other times, he has had a pillow in his lap.”
As evidenced by his Tinder profile, Langford is “sexually interested in women.” It was further stated in the suit that Langford took photographs of the women while at a sorority slumber party, where he also is said to have made inappropriate comments.
“[He] repeatedly questioned the women about what vaginas look like, breast cup size, whether women were considering breast reductions and birth control,” the complaint had claimed.
On another occasion, Langford “was supposed” to leave a sorority slumber party by 10 p.m. that evening but did not, saying that he intended to leave after the women fell asleep. After singing to himself at approximately 11 p.m., Langford finally left the residence at midnight, only to return the next morning.
At that time, it is stated that Langford stood silently in the corner of the room while watching other pledges change out of their sleeping garments.
He was also said to have sat in the back of a sorority yoga class for an hour in December 2022 “and watched the assembled young women flex their bodies.” Langford has denied these allegations.
Seven women initially filed the lawsuit against KKG leadership in March, though one woman removed herself from the litigation after the women were told their identities could not be protected.
In May, a judge twice prohibited the women from suing anonymously, while stipulating that Langford’s identity should remain hidden. Langford was, at first, referred to by the pseudonym “Terry Smith” and male pronouns in the legal documents. Six of the women then refiled the lawsuit under their own names, and had requested that the court void Langford’s membership in KKG.
Attorney Cassie Craven, representing the women, had argued that Langford’s “access to and presence in the sorority house violates the housing contract” that the women had agreed to sign.
“It is really uncomfortable. Some of the girls have been sexually assaulted or sexually harassed. Some girls live in constant fear in our home,” one of the sorority members told Megyn Kelly during an interview on her podcast in May.
Despite this, Judge Johnson disagreed, asserting that the women’s housing situation and their contracts were not the subject of the litigation.
“Plaintiffs allege that KKG breached their housing contracts by allowing transgender women to live in the chapter house in violation of KKG’s governing documents. Once again, though, Plaintiffs fail to cite the Court to any explicit breach within the housing contracts,” the ruling states.
In June, the sorority filed a motion to dismiss the suit, calling it a “frivolous” attempt to eject Langford for “their own political purposes.” According to the motion, the women suing are flinging “dehumanizing mud” in order to “bully Ms. Langford on the national stage.”
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“Perhaps the greatest wrongs in this case are not the ones Plaintiffs and their supporters imagine they have suffered, but the ones that they have inflicted through their conduct since filing the Complaint,” they wrote. “Regardless of personal views on the rights of transgender people, the cruelty that Plaintiffs and their supporters have shown towards Langford and anyone in Kappa who supports Langford is disturbing.”
Last week, local outlet Wyofilesympathetically profiled Langford and attempted to portray the women’s objections with his presence in the sorority house as homophobic, asserting that his declared sexual interest in women qualified him as being “gay.”
The article also revealed that Langford had joined his school’s Genders and Sexualities Alliance organization while a freshman at Lander Valley High School. While still a student, Langford began to declare a transgender status – an issue which divided his parents and, as it was implied, contributed to their decision to divorce.
“The lawsuit against Artemis is horrible, false, and causing harm to Artemis and other trans people,” Langford’s lawyer, Rachel Berkness, told Wyofile.
“The reality is this lawsuit is being used as clickbait so that the plaintiffs’ lawyers can raise money at the expense of a kind and wonderful student in our community,” Langford’s lawyer told Wyofile. “I hope people look back at this case in the same way they look back at other attacks on members of minority groups in our history — as shameful and not who we are.”
As previously revealed by Reduxx, Artemis Langford’s given name is Dallin, and he began identifying as transgender while participating in mock micronations in high school.
According to a micro-nations wiki entry, “On the 11th of June 2017, Dallin Langford announced to the micronational community that she was transgender and was given a name change to Artemis Langford as reflection of this revelation. The Kingdom changed into a Queendom and from King to Queen.”
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Un hombre que se identifica como transgénero compareció ante un tribunal de California después de ser acusado del brutal apuñalamiento de una mujer sin hogar.
Steven Raymundo, que responde al nombre de Isabella Kurumi Asuka Raymundo, fue sorprendido en una grabación de vigilancia apuñalando repetidamente a Patricia Roper, de 58 años, frente a una oficina de correos cerca de Blackstone la noche del 23 de julio.
Roper fue trasladada al hospital Community Regional Medical Center, donde fue declarada muerta. Las autoridades identificaron rápidamente a Raymundo, de 37 años, como sospechoso. Los agentes localizaron y detuvieron a Raymundo y lo mandaron a la cárcel del condado de Fresno, donde ha sido acusado de asesinato. Actualmente figura como varón en el sistema penitenciario.
Los medios de comunicación locales han informado que Raymundo y Roper se conocían antes del violento ataque, y que ambos estaban sin hogar. Durante un interrogatorio policial, Raymundo negó su participación en el apuñalamiento a pesar de que se le mostró la grabación de la cámara de seguridad.
La policía aún no ha determinado el motivo del apuñalamiento.
Raymundo tiene un largo historial delictivo que se remonta a 2015 y que incluye el robo de coches, infligir lesiones a una criatura, abuso conyugal y mantener relaciones sexuales con menor. Raymundo había sido detenido el 15 de julio, pero fue puesto en libertad al día siguiente debido al hacinamiento en la cárcel. Menos de una semana después, mató a puñaladas a Patricia Roper.
Según varios perfiles de redes sociales vistos por Reduxx, Raymundo afirma ser originario de Guadalajara, México y haber ido al instituto Shasta College. En fotos subidas a Facebook, se puede ver a Raymundo mostrando símbolos pandilleros, posando con una escopeta y jactándose de una inminente cirugía genital.
En diciembre de 2022, Raymundo hizo varias publicaciones hablando de citas que había tenido con un cirujano en preparación para una “vaginoplastia”.
“¡¡¡Estoy tan contento de que mi primera cirugía sea mi vaginoplastia yupi voy a tener un coño no veo la hora de mirarlo y tocarlo!!!”, escribió Raymundo el 16 de diciembre.
Ese mismo día, también publicó: “Hablando con mi cirujano sobre mi vaginoplastia y feminización facial, estoy tan emocionado que no veo la hora de tener mi vagina, miau, ¡¡¡estoy súper emocionado!!”
Otras publicaciones hechas en sus cuentas de Facebook muestran pornografía japonesa animada. Entre las páginas de Facebook que sigue Raymundo se encuentra una tienda de juguetes sexuales de Los Ángeles y una cuenta que comparte contenido de temática BDSM llamado “I’ve Been Naughty” (“He sido mala”).
Bajo la legislación vigente en California, Raymundo, de ser declarado culpable, podría ingresar en una institución penitenciaria para mujeres.
Steven Raymundo. Fuente de la foto: Oficina del Sheriff del Condado de Fresno.
California tiene una de las políticas de autoidentificación penitenciaria más liberales del país, algo que se ha convertido en un punto de discordia para las defensoras de los derechos de las mujeres.
La ley S.B-132, también conocida como la Ley de Respeto, Agencia y Dignidad Transgénero, entró en vigencia en enero de 2021, firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom. La ley proporciona a los reclusos alojamiento en función de su estado de identidad de género autodeclarado.
Casi inmediatamente después de que la directriz legal entrara en vigencia, los centros penitenciarios de California recibieron cientos de solicitudes de traslado de reclusos varones que intentaban mudarse a centros para mujeres.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California había ya confirmado previamente a Reduxx que las solicitudes de traslado de prisión se basan enteramente en un Cuestionario de Identidad de Género que podría ser expedido durante la recepción del recluso o solicitado por él en cualquier momento durante su encarcelamiento.
El cuestionario de identidad de género del CDCR. Fuente: Sala de prensa del CDCR
El cuestionario consta de una breve serie de preguntas en las que los reclusos pueden declarar sus pronombres, títulos honoríficos e identidad de género.
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Una mujer mayor del Reino Unido recibió la visita de la policía tras ser sorprendida haciéndole una foto a una pegatina crítica con la ideología de género. Eve, que prefiere el anonimato, fue interrogada en su casa durante más de 30 minutos por agentes de la policía de West Yorkshire.
En declaraciones a Reduxx, Eve explicó que la terrible experiencia comenzó en marzo, cuando vio una pegatina que le pareció interesante mientras daba un paseo. La pequeña pegatina, que decía “Mantén a los hombres fuera de los espacios reservados a las mujeres” (“Keep Male Out Of Women-Only Spaces”) estaba pegada en un gran cartel de orgullo trans a las puertas de Happy Valley Pride, una organización de orgullo de Hebden Bridge. Eve dice que le pareció interesante y le hizo una foto antes de seguir con su paseo.
La fotografía tomada por Eve sujeto de la investigación de la policía de West Yorkshire.
Cuatro semanas después, el 30 de abril, Eve dice que la policía de West Yorkshire se presentó en su casa para interrogarla sobre la foto que había tomado.
Eve, que tiene más de 70 años, explicó a Reduxx que estaba en casa con su pareja cuando dos policías varones llamaron a la puerta.
Al ver a los agentes, Eve dice que al principio pensó que podrían traer noticias de una muerte en la familia y se preocupó mucho.
“Solo podía pensar que venían a traer noticias terribles y trágicas sobre un miembro de la familia. No se me ocurría otra razón para su presencia. Me quedé muy sorprendida y disgustada”, dijo.
Pero Eve explicó que, tras abrirles la puerta, su primer comentario fue: “Hemos recibido una queja, así que tenemos el deber de investigarla”.
Después de invitar a los agentes a pasar, Eve dice que le “soltaron un sermón” y explicaron que sus datos personales “se los había dado Happy Valley Pride”.
La policía comentó que no tenían información previa sobre Eve en sus sistemas, lo que les dificultó localizarla. Le dijeron que estaban investigando la queja en nombre de Happy Valley Pride debido a “la sensibilidad… hacia los miembros de la comunidad LGBT”.
Aunque sigue expresando su confusión sobre cómo Happy Valley Pride averiguó su identidad, Eve especula que la organización obtuvo imágenes de ella de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento. Además, dice que Happy Valley Pride puede haber “rastreado” su página de Facebook donde a veces expresa puntos de vista a favor de la mujer.
“Por supuesto, eso lo negaron”, dijo Eve. “Así que no he recibido una explicación acerca de quién dio mi nombre completo, dirección y código postal a la policía”.
La policía interrogó a Eve durante 30 minutos, aparentemente tratando de determinar si ella había sido la persona responsable de colocar la pegatina a favor de la mujer en el cartel del orgullo trans.
Después del interrogatorio, la policía informó a Eve que “no se había cometido ningún delito”. Pero, a través de una solicitud de libertad de información que presentó más tarde, Eve dice que la investigación sobre ella fue catalogada como un “incidente de odio no delictivo” por la policía de West Yorkshire. Según el sitio web del cuerpo, un incidente de odio no delictivo se define como “cualquier incidente no delictivo que la víctima o cualquier otra persona perciba como motivado por hostilidad o prejuicio”.
En declaraciones a Reduxx, Eve se pregunto por qué la policía decidió proceder a “investigarla” por “sacar una foto a un objeto inanimado en la acera fuera de un edificio”, y dijo que presentó una queja a la policía tras la terrible experiencia.
“No se cometió ningún crimen, ni consumado ni en potencia, incluso con la sospecha de que se puso una pegatina en un cartel. A lo sumo, esto debería haberse tratado como un asunto del ayuntamiento”, escribió Eve.
“Debido a que se iniciaron claras investigaciones a pesar de no haber pruebas de delito, está claro que se registró un delito en los sistemas policiales y se dedicaron recursos a solicitar CCTV y alguien con capacidad de tomar decisiones envió un recurso que resultó en una visita policial a domicilio. ¿Quién es responsable de la toma de decisiones en este caso y cuál es su justificación registrada para investigar el asunto como un problema policial?”
Concluyó que la policía persiguió “un asunto politizado en nombre del denunciante” y expresó que su respuesta fue “extralimitada” y es parte de un patrón más amplio de trato hacia aquellos que tienen opiniones críticas con la ideología de género.
“Veo esto como intimidación policial para censurar mis pensamientos e intentar amordazar las voces disidentes”, dijo Eve, señalando que la mayoría de los robos en su zona no reciben una visita policial en persona.
Además de su queja, Eve también presentó una solicitud de Libertad de Información a la policía, que le envió su registro de entradas policiales como respuesta y compartió con Reduxx tanto su solicitud como la respuesta de la policía.
En la respuesta, un agente confirmó la visita al domicilio de Eve y escribió: “Ella negó haber puesto la pegatina allí y declaró que simplemente le había hecho una foto. Se le dieron consejos sobre el acoso y la alarma que esta pegatina podría causar a la comunidad”.
Reduxx se puso en contacto con la policía de West Yorkshire, pero no recibió respuesta.
No es la primera vez que se acusa a la policía de West Yorkshire de motivaciones fuera de lugar y politizadas.
El 7 de agosto, una joven autista de 16 años de Leeds fue brutalmente detenida por la policía de West Yorkshire después de que una de sus agentes la acusara de hacer un comentario “homófobo”. El incidente ocurrió después de que se llamara a la policía para que acompañara a la joven a casa, ya que se encontraba en una situación vulnerable.
REINO UNIDO: Una madre de Leeds grabó a la policía de West Yorkshire arrestando brutalmente a su hija autista de 16 años por "homofobia".
La mujer contó a Reduxx que su hija estuvo detenida durante 20 horas a pesar de no saber de qué se la acusaba.https://t.co/fHbJLcEela
La madre de la niña, que fue entrevistada por Reduxx, dijo que su hija había hecho un comentario inocente sobre una de las agentes que la habían ayudado a llevarla a casa.
“Dijo: ‘Creo que es lesbiana como la abuela Julie'”, relató la madre, señalando que la agente tenía el pelo rubio y corto. La policía se “abalanzó” dentro de su casa e intentó agarrar a la joven de 16 años, que corrió a esconderse en un armario debajo de las escaleras y comenzó a llorar y autolesionarse debido al estrés.
En unas impactantes imágenes grabadas por la madre de la chica, se escucha a la agente decir que “no le importa” que la joven tenga autismo, y que se estaban llamando a más unidades para detenerla.
La joven fue finalmente arrestada y pasó 20 horas detenida.
Después de la reacción internacional, la policía de West Yorkshire anunció que “no se tomarían más medidas” contra la joven, y que la Dirección de Normas Profesionales “continuaba llevando a cabo una revisión de las circunstancias tras recibir una queja en relación con el incidente”.
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Un notorio transactivista, conocido por enviar imágenes pornográficas a mujeres críticas con la ideología de género, habría preparado a la presentadora de Talk TV Rosanna Lockwood para su desastrosa entrevista con el creador de Father Ted, Graham Linehan. Rosanna Lockwood generó una amplia polémica por llevar a cabo lo que muchos describieron como una “emboscada“.
Lockwood fue criticada en las redes sociales tras su entrevista a Linehan, crítico con la ideología transgénero, donde calificó sus puntos de vista de “extremos”. Linehan había ido a Talk TV con la aparente intención de hablar de la cancelación de su espectáculo de humor debido a sus críticas a la ideología de género.
Durante el segmento, que suele presentar Piers Morgan, Lockwood interrumpió repetidamente a Linehan y lanzó una serie de acusaciones hostiles contra él, lo que llevó a los usuarios de las redes sociales a criticar a Lockwood por ser “partidista”.
That interview-cum-ambush on Graham linehan on talk tv was such a phenomenal watch. I genuinely wonder how that looked to people who aren’t in the trenches. They were talking about him like they were about to put him down and, oh dear, the poor bairn won’t submit?
Muchos señalaron que Lockwood no trató de la misma manera a otros invitados durante el segmento, permitiendo que el tristemente famoso activista LGBT Peter Tatchell hablara sin interrupciones. A pesar de cuestionar la validez y la idoneidad de los puntos de vista de Linehan, Lockwood no interrogó a Tatchell sobre su historial en favor de la pedofilia.
Tatchell es tristemente famoso por pedir la reducción de la edad de consentimiento (artículo en español), y escribió capítulos en dos libros en los que sostenía que las leyes que penalizan a los adultos por abusar sexualmente de menores hacen más daño que el abuso en sí, y dijo durante una entrevista que no todas las relaciones sexuales entre adultos y menores son “dañinas”. Tatchell también ha estado vinculado a miembros del Intercambio de Información de Pedófilos (PIE), un grupo de defensa de los derechos de los pedófilos ya desaparecido.
Mientras que Lockwood se abstuvo de rebatir las opiniones de Tatchell, evitó que el propio Linehan expusiera su punto de vista interrumpiéndolo constantemente. Después de hacer eso, permitió que Tatchell acusara a Linehan de enviar amenazas violentas en Twitter sin interrumpirlo.
Tras la subsecuente reacción en internet, Lockwood abordó las críticas en el programa del día siguiente, instruyendo a la gente que “fuera educada”.
Rosanna Lockwood responds to last night's interview with Graham Linehan.
"Let's keep discussing these issues big or small, that really matter to the world, but for pity's sake, let's keep it civilised."#PMU | @TalkTVpic.twitter.com/8FbK9LzL6f
— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) August 17, 2023
Ahora se ha afirmado que Lockwood habló con el notorio transactivista, Freda Wallace, antes de la polémica entrevista.
Se especula que Wallace influyó en la tendenciosa entrevista de Lockwood enviándole un artículo de opinión que escribió en Medium sobre Linehan. El artículo, que no ofrece ejemplos ni fuentes, incluye un tuit en el que pide que se arreste a Linehan y lo acusa de “abuso, odio, mentiras, difamación y calumnia … similar a la deshumanización nazi”.
Wallace admitió en las redes sociales que estuvo en contacto con los productores de UnCensored y con Lockwood antes de la entrevista de Linehan.
El presentador de GB News, Andrew Doyle, declaró que Wallace afirmó haber estado en contacto con Lockwood antes de la entrevista. Doyle había organizado el espectáculo de comedia cancelado en el que Linehan iba a actuar, Comedy Unleashed.
En Twitter, Wallace también admitió haber trabajado con Talk TV para preparar a Lockwood para su entrevista, jactándose de la desastrosa impresión de Linehan en dicha entrevista.
Wallace también escribió un artículo que fue publicado en la página web de Talk TV, sobre la cancelación del espectáculo de humor de Linehan. En su artículo, argumentaba que la Ley de Igualdad de 2010 del Reino Unido protege las “creencias intolerantes”, pero esto no significa que los locales estén obligados a acoger a personas con esas creencias.
Wallace es un hombre que se dice trans y un transactivista declarado, conocido por su amistad con el asesino Sarah Jane Baker, otro hombre que se dice trans, nombrado el recluso transgénero del Reino Unido que más tiempo ha pasado en la cárcel.
Apareció en Talk TV el 11 de agosto, hablando con Lockwood para argumentar a favor de la autoidentificación de género en el Reino Unido, indicando que los medios usan ejemplos “inusuales” de delincuentes sexuales varones transidentificados para oponerse a ella.
Trans-rights activist Freda Wallace says opposition to self-id "is ideological and political."
Wallace ya había recibido críticas anteriormente por subir imágenes pornográficas a una conversación de X (antes Twitter) con una mujer discapacitada y activista de los derechos de los discapacitados.
Henrietta Freeman ha sido objeto de abuso y acoso por parte de transactivistas por defender abiertamente el derecho de las mujeres con discapacidades a solicitar atención del mismo sexo. Durante una discusión en X, Wallace le envió una imagen suya recibiendo sexo oral de otro hombre en un club fetichista. Wallace afirma que las fotos se sacaron de la página web de un club fetichista y ya estaban disponibles públicamente en internet. Las subtituló “Los papás adoran el pene femenino”.
Baker fue condenado en un principio a 9 años por secuestrar y torturar al hermano de su madrastra pero, mientras estaba en prisión, recibió una condena adicional por intentar asesinar a un compañero de celda. Actualmente se encuentra de nuevo en prisión por haber hecho un llamamiento a la violencia contra las mujeres críticas con la ideología de género en una manifestación del Orgullo Trans en Londres. En dicha manifestación, tomó el micrófono y gritó: “Si ves a una terfa, dale un puñetazo en la putera cara”.
Wallace ha utilizado las redes sociales para alertar a la gente sobre el arresto más reciente de Baker e inicialmente subió imágenes de la detención a YouTube, para borrarlas poco después.
BREAKING: A trans activist who called for violence against women critical of gender ideology at a Trans Pride rally in London last week has now been arrested.
Sarah Jane Baker has previous convictions for kidnapping and attempted murder. pic.twitter.com/G2tdy0w3N1
Wallace también escribió un artículo en Medium en defensa de Baker, argumentando que la palabra TERF “no tiene género”, por lo que Baker no estaba llamando específicamente a la violencia contra las mujeres.
“El lenguaje de los oprimidos suele tener un tono violento. Incluso la popular frase ‘aplastar el patriarcado’ podría leerse como incitación a la violencia contra los hombres si se le da una interpretación poco amable”, argumentó Wallace en defensa de Baker.
Wallace también subió un remix del discurso de Bakers a Spotify titulado “Sarah Bakers Bop”.
Baker, de 54 años, se encuentra actualmente en una prisión para hombres y a la espera de juicio. Está previsto que se celebre una vista en el tribunal de magistrados de la City de Londres el 31 de agosto ante el magistrado jefe adjunto Tan Ikram.
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A senior woman in the United Kingdom was visited by police after being caught taking a photograph of a sticker critical of gender ideology. Eve, whose identity is being protected at her request, was questioned at her home for over 30 minutes by officers of the West Yorkshire Police.
Speaking to Reduxx, Eve explained that the ordeal began in March after she spotted a sticker she thought was interesting while on a walk. The small sticker, which read “Keep Males Out Of Women-Only Spaces” had been placed on top of a large trans pride poster outside of Happy Valley Pride, a Hebden Bridge pride organization. Finding it interesting, Eve says she snapped a photo before continuing on her walk.
The photograph taken by Eve which was investigated by West Yorkshire Police.
Four weeks later, on April 30, Eve says West Yorkshire Police showed up at her home to question her on the photo she had taken.
Eve, who is in her 70s, explained to Reduxx that she was home with her partner when the two male police officers knocked at the door.
Upon seeing the officers, Eve says she had at first thought they could have been bringing news of a death in the family and became distressed.
“I could only think they must be bringing dreadful and tragic news about a family member. I could not think why else they would come. I was extremely shocked and upset,” she said.
But Eve explained that after she opened the door to them, their opening remark was: “We have received a complaint so we have a duty to investigate it.”
After inviting the officers into her home, Eve says they “gave a sermon” and explained that her personal information “had been given to them by Happy Valley Pride.”
The police commented that they had no previous information on Eve in their systems which made it difficult for them to trace her. They told her they were investigating the complaint on behalf of Happy Valley Pride because of “the sensitivity … for members of the LGBT community.”
While still expressing confusion as to how Happy Valley Pride ascertained her identity, Eve speculates that the organization obtained CCTV footage of her from Town Hall. She further says that Happy Valley Pride may have “stalked” her Facebook page where she sometimes expresses pro-woman views.
“Of course, this has been denied,” Eve said. “So there has been no explanation of who gave my full name, address, and post code to the police.”
Police questioned Eve for 30 minutes, apparently attempting to determine if she had been the individual responsible for placing the pro-woman sticker on the trans pride poster.
After the interrogation, the police advised Eve that “no crime had taken place.” But, through a Freedom of Information Request she later submitted, Eve says that the investigation into her was catalogued as a “non-crime hate incident” by West Yorkshire Police. According to the force’s website, a non-crime hate incident is defined as “any non-crime incident which is perceived by the victim or any other person to be motivated by hostility or prejudice.”
Speaking to Reduxx, Eve questioned how police decided to proceed in “investigating” her for “taking a photograph of an inanimate object on the pavement outside a building,” and said she submitted a complaint to police following the ordeal.
“No crime or potential was committed, even with a suspicion of a sticker being put on a poster. At most this should have been dealt with as a council matter,” Eve wrote.
“Due to clear investigations having been launched despite no evidence of crime, it is clear a crime was recorded on police systems and resources dedicated to requesting CCTV and supervisory decision making in sending out a resource by way of a doorstep police visit. Who is responsible for the decision making on this case and what is their recorded rationale for pursuing the matter as a police issue?”
She concluded that the police pursued “a politicized matter on behalf of the complainant” and expressed that their response was “overreach” and is part of a larger pattern of treatment towards those who hold views critical of gender ideology.
“I see this as police intimidation to censor my thoughts and to try and gag any voice of dissent,” Eve said, noting that most burglaries in her area do not result in an in-person police visit.
In addition to her complaint, Eve also made a Freedom of Information request to the police who sent her their police entry log in response and shared both her request and the police response with Reduxx.
In the response, an officer confirmed the visit to Eve’s residence, and wrote: “She denied placing the sticker there and stated she was merely taking a photo of it. Words of advice were given regards the harassment and alarm that this sticker could potentially cause the community.”
Reduxx reached out to West Yorkshire Police but did not receive a response.
This is not the first time West Yorkshire Police have been accused of having misplaced, politicized motivations.
On August 7, a 16-year-old autistic girl in Leeds was brutally arrested by West Yorkshire Police after one of the officers accused her of making a “homophobic” remark. The incident occurred after police had been called to provide a safe escort home for the vulnerable girl.
UK: A mother in Leeds captured terrifying footage of West Yorkshire Police brutally arresting her 16-year-old autistic daughter for "homophobia."
She told Reduxx that her child was in custody for 20 hours despite not knowing what the charges were.
The mother of the child, who was interviewed by Reduxx, said her daughter had made a would-be innocent remark about one of the female officers who had assisted in bringing her home.
“She said ‘I think she’s a lesbian like nanna Julie,’” the mother recounted, noting that the female officer had short blonde hair. Police then “launched” themselves into her home and tried grabbing the 16-year-old girl, who ran into a cupboard under the stairs and began crying and self-harming in stress.
In shocking footage recorded by the girl’s mother, the officer is heard saying that she “doesn’t care” that the girl has autism, and that additional units were being called to have her arrested.
The child was ultimately arrested and spent 20 hours in custody.
After international backlash, West Yorkshire Police announced that “no further action” would be taken against the girl, and that the Professional Standards Directorate was “continuing to carry out a review of the circumstances after receiving a complaint in relation to the incident.”
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